L’Alcora no quiere incineradora

El proceso legal contra la incineradora de Reyval ha llegado a los tribunales. Desde que el Partido Popular de l’Alcora fue conocedor de la Autorización Ambiental Integrada concedida a la mercantil, optamos por la transparencia absoluta para que, tanto la ciudadanía, como los grupos políticos fueran conocedores de la situación nada halagüeña para nuestro municipio. Durante nuestra etapa en la oposición, siempre creímos -porque así se nos había transmitido- que el Ayuntamiento nunca había dejado de presentar alegaciones a esta infraestructura para impedir que siguiera adelante, sin embargo, no fue así. Y al llegar, nos encontramos con un proceso muy avanzado que daba pocas opciones para volver atrás. Desde nuestras competencias municipales, técnicos, asesores y expertos en materia medioambiental nos pusimos a trabajar para conseguir paralizar, siempre desde la legalidad, este proyecto. Desde el principio, apostamos por la unidad de todas las formaciones políticas, junto con la Plataforma No a la Contaminación, el Grupo de Participación Ciudadana 2.0 (creado a raíz de esta problemática) y las distintas asociaciones vecinales, que desde siempre nos han puesto en alerta. Diversas manifestaciones, recogida de firmas, asambleas ciudadanas y protestas multitudinarias evidenciaron el rechazo unánime de nuestra población -respaldada por vecinos del resto de la provincia- a una infraestructura polémica, cuyo gestor no genera confianza entre los alcorinos. El 5 de agosto presentamos un recurso de alzada contra la AAI, ante la conselleria de Medio Ambiente, con informes relevantes que obligaron a la administración autonómica a revisar el procedimiento. Este recurso aludía a una ausencia de exposición pública en la tramitación y fue ampliado hasta en dos ocasiones con documentación que confirmaba irregularidades. El 26 de febrero de 2011 se remitió un nuevo informe a la Conselleria demostrando incongruencias como la multiplicación del volumen de residuos a tratar y de la emisión de gases, que varían sustancialmente del proyecto básico de 2006, al aprobado en 2011. La conselleria ha desestimado este recurso. Pero nosotros estamos convencidos de nuestros argumentos, y por eso, hemos elevado nuestra denuncia al Tribunal Superior de Justicia presentando un contencioso administrativo contra la AAI. Ahora el futuro de la incineradora queda en manos de un juez. La ciudadanía nos pide compromiso, así se lo hemos demostrado y en la misma línea continuaremos trabajando.