Un pacto por el agua
Nunca llueve a gusto de todos. Es uno de nuestros dichos populares más comunes. Pero siempre ha sido así y además también decimos que “nunca llueve donde toca”. Pero la mano del hombre ha estado generalmente ahí para corregir esas cosas. Y por ello en algún tiempo se hicieron pantanos, embalses, trasvases, etc. En definitiva, infraestructuras que ayudaban a regular lo irregular de la meteorología y a equilibrar el desequilibrio que ello produce.
Equilibrar los desequilibrios es una cuestión fundamental de la acción política del gobierno de un estado. Y en función de ello parece pues bastante lógico que se busque la solución más adecuada para que los excedentes de agua, después de cubiertas las necesidades y el caudal ecológico de una cuenca, pueda ser utilizado para mejorar las necesidades de una cuenca vecina más seca. Solidaridad interterritorial
Necesidades y disponibilidades, fijadas para una cuenca, es la palabra clave. Es lo que conocemos por el plan hídrico de una cuenca. El compromiso del gobierno anterior con Europa era tener estos planes hechos para el 2009. La realidad, ni uno solo de ellos lo estuvo. Por tanto se trabajaba sin un elemento esencial para la planificación hidrológica.
El resultado final fue el ya conocido. Trasvases parados después de obras iniciadas y plantas desaladoras en distintas fases, en el caso de nuestra provincia, prácticamente finalizadas con una inversión de alrededor de más de 50 millones de euros por planta, una parte provenientes de fondos europeos que habría que devolver en caso de no arrancarlas. Ello aderezado con convenios firmados por ayuntamientos cuyos costes son inasumibles por los mismos. En otros casos plantas sin iniciar o paradas.
Una madeja que tratamos de desenredar desde el gobierno de España. Se trata en definitiva de fijar el término de necesidad o demanda, teniendo en cuenta cada uno de los componentes que aquí he citado para que la solución final permita cubrir las necesidades de la forma más sostenible posible y sin crear a las administraciones costes económicos inasumibles.
Atacar la cuestión desde el punto de vista de la sostenibilidad resulta ineludible. Fijar la demanda en función de un eficiente uso del agua y del aprovechamiento de nuestros recursos en la cuenca. Es así imprescindible, igual que se ha hecho con la cuenca del Ebro, que suscitó una importante reserva de agua para la provincia de Castellón, finalizar todos los planes de cuenca. En nuestro caso el correspondiente al Júcar, una vez alcanzado el acuerdo del Tajo-Segura, un acuerdo histórico que da una solución al problema del agua en la provincia de Alicante y que ha sido posible gracias a la labor realizada por el President Fabra en colaboración con el Gobierno de España.
Poner en común todos los recursos internos y los ahorros posibles es una necesidad. Temas como ahorro de consumos urbanos y agrícolas, reaprovechamiento de aguas depuradas, con importantes objetivos en ámbito nacional (unos 600 Hm3), desalación y trasvases internos de cuenca han de fijar nuestro balance de recursos de agua para después establecer los déficits finales y las aportaciones externas a la cuenca (trasvases) que los cubran. Parece el camino más sensato.
Es el camino hacia un necesario y amplio consenso sobre el modelo de reparto del agua en España. Es la base de un Pacto Nacional por el agua. Ahí debemos estar todos.
