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Por Jesús Montesinos

El recorte del despilfarro

11/06/2011
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De nuevo llega el cobrador del frac para recordarnos nuestras deudas en forma de déficit público autonómico y la incapacidad para generar empleo. Un cobrador que nos recuerda que para pagar nuestra inmensa factura solo lo podremos hacer con grandes reformas en el proceso productivo y recortando el inmenso gasto que nuestras múltiples administraciones necesitan para funcionar. Pero nadie quiere meterle el cascabel a ese gato.

Juan Roig, convertido en el gurú práctico de la crisis, dice que “en este momento nada es intocable”. Y además de las consabidas propuestas de trabajar y trabajar más y mejor, Roig recuerda que podemos estar de acuerdo en defender el estado del bienestar, pero no el estado del despilfarro. Una propuesta muy simple que no contiene copagos, recortes de servicios ni eliminación de derechos. Simplemente hay que recortar el despilfarro que encanta a nuestros administradores. Lo están haciendo familias y empresas, ¿por qué no pueden hacerlo los ayuntamientos, las diputaciones o la Generalitat?

Para Roig despilfarro es el absentismo laboral que es común en nuestro servicio público. La sanidad pública valenciana, por ejemplo, tiene un grave problema de absentismo y aún mayor de eficacia. Lo tiene ahora y lo tenía cuando se fundó el Servei Valencía de Salut, pero entonces no había que medir el €. Soluciones como el copago son una excusa para aliviar el déficit generando más ingresos sin tocar los gastos. Hay que recortar el despilfarro porque una sanidad pública universal y gratuita no tiene porque ser cara por su alto coste.

Hay en la administración autonómica y municipal un problema de sobrecoste provocado por la hipertrofia de funcionarios y la ineficacia de un modelo de gestión destrozado por la crisis. Han cambiado empresas y familias, ¿por qué no el ayuntamiento de Valencia, la Conselleria de Educación o RTVV?

Sanidad, educación, infraestructuras, servicios o eventos no tienen por qué ser más caros porque sean públicos. Hay que medir sus costes por la eficacia para el ciudadano, no para los funcionarios o los políticos. En cualquier empresa se ordenan los flujos de trabajo, mayor eficacia en los tiempos y los puestos y un dimensionamiento de las plantillas acorde con la demanda de la producción. En la administración es al contrario. En RTVV un electricista de cables rojos solo trabaja para arreglar cables rojos (ese es el problema endémico y no los noticiarios). Y en la enseñanza pública el maestro no se considera responsable de su bajo nivel pedagógico (¿Así se defiende una enseñanza pública?). El despilfarro no es solo cuestión de presupuesto, es eficacia en el gasto de ese presupuesto.

Meterle mano al déficit en las autonomías y ayuntamientos no tiene porque conllevar reducción de servicios. Las empresas cambian su modelo de gestión, piensan en el cliente y abordan nuevos sistemas más baratos de producción. ¿Por qué en la conselleria de Industria tardan dos meses en contestar una solicitud que se arregla en una mañana? ¿Por qué en Vall d´Alba y cien pueblos de menos de mil habitantes hay que tener una piscina climatizada? Los ayuntamientos y las diputaciones no pueden, pero los vecinos también deben asumir que pueden ir a un pueblo de al lado, como van a comprar a El Corte Inglés que está en la capital.

Y despilfarro es también lo que hacen en las cinco universidades públicas valencianas. Con un presupuesto millonario gestionado de forma autónoma están consideradas de las más mediocres de España en la calidad de sus enseñanzas, luego su modelo no sirve y resultan muy caras. ¿Hay que mantenerlas así porque son el centro de un saber que no sirve a la sociedad?

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