23 de octubre de 2019 23/10/19
Por Mariano Castejón
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La ley de dependencia debe remontar el vuelo

    La Ley de Dependencia, que pretendía ser la norma estrella del Gobierno socialista, hace aguas de forma estrepitosa. Su aplicación se sitúa por debajo de las previsiones. La financiación sigue siendo casi testimonial. El número de reconocimientos de los grados de dependencias varía de forma asombrosa según qué autonomía los otorga. En definitiva, la cohesión social es casi inexistente y la sostenibilidad empieza a convertirse en una gran duda generalizada.

    Este podría ser un rápido resumen del estado de ejecución que realizan los analistas y expertos y que personalmente comparto. Una realidad que no le debería pasar desapercibida al presidente Zapatero porque es un desbarajuste que en gran medida ha provocado él mismo.

    Sabemos que la consigna que tienen los socialistas allí donde no gobiernan, como en la Comunitat Valenciana, es criticar al gobierno autonómico para esconder que ha sido el gobierno central el que no querido dotar a la Ley de Dependencia con el dinero que precisa su desarrollo, ni ha sabido buscarle el lugar que se merece. En estos dos años, la Ley ha estado en permanente peregrinaje y ha sido responsabilidad de tres ministerios, todo un récord. Se gestó y puso en marcha en el Ministerio de Trabajo, que dirigía Jesús Caldera. Luego pasó al de Educación de Mercedes Cabrera quien se excusaba con que los cálculos estaban desajustados y existían mayor número de grandes dependientes de lo inicialmente previsto. Y finalmente en Sanidad, con la recién nombrada Trinidad Jiménez que en su toma de posesión ya reconoció los retrasos en la aplicación de la ley.

    Tantas mudanzas han contribuido negativamente en la aplicación de una ley que va a necesitar de mucho trabajo y mucho consenso para que remonte el vuelo, o eso al menos es lo que se desprende del último informe realizado por la Fundación Edad&Vida, que pone en evidencia la inexistencia de un clima de estabilidad y confianza que permita realizar las inversiones necesarias y completar el desarrollo de la Ley.

    Lo cierto es que nadie, ni los mayores defensores de la Ley, se muestran satisfechos. Isabel Rodríguez, directora general del Imserso, ha reconocido «desajustes» en su desarrollo. La consejera navarra de Asuntos Sociales, Isabel García Malo entiende que pese «a las mejoras, quedan muchos retos por afrontar». Higinio Raventós presidente de Edad&Vida advierte que la «ley tiene un problema de recursos» y señala lagunas en la financiación del sistema, la formación de los profesionales, calidad y acreditación, nuevas tecnologías aplicadas a personas mayores y la seguridad y protección jurídica de éstas. Engracia Hidalgo, Consejera de Familia y Asuntos Sociales de Madrid denuncia la falta de financiación dado que las expectativas y costes previstos se han superado ampliamente. La realidad es que ahora mismo  nuestra Comunitat está soportando el grueso de los costes de los servicios pese a que el PSOE pretenda ocultarlo.

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