Ontinyent consigue paralizar la ejecución de un segundo desahucio y reúne una Comisión Mixta para luchar contra los desalojos de las familias
Las acciones del Ayuntamiento permitieron paralizar un desahucio en noviembre y se están haciendo gestiones para detener otros tres
El concejal de Política Social hace un llamamiento a los afectados a constituir una plataforma local o comarcal para hacer mejor frente a la situación
Una familia de 4 personas residente en Ontinyent que iba a ser desahuciada este jueves no deberá abandonar su vivienda gracias a las gestiones realizadas con el apoyo y asesoramiento del Ayuntamiento de Ontinyent. Los inquilinos, que se habían dirigido al consistorio ante la situación a la que se enfrentaban, han recibido hoy miércoles la notificación judicial de que el desahucio se paraliza, por un período que puede llegar a los dos años.
Es el segundo caso de este tipo que se produce en los últimos tres meses, ya que hay que recordar que una situación similar era vivida por otra familia ontinyentina, que iba a ser desahuciada el pasado 29 de noviembre, y que poco antes de esa fecha también salvaba la situación. El Ayuntamiento de Ontinyent, que también está haciendo gestiones para ayudar a otras tres familias que se encuentran en peligro de ser desahuciadas, convocaba ayer martes la Comisión Mixta de Desahucios, creada en base a un acuerdo unánime del pleno para buscar alternativas que evitan los desahucios por motivos económicos, y en los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
En la sesión de ayer de la Comisión, presidida por el Concejal de Política Social, Manuel Ruiz, acudían también representantes de los diferentes partidos políticos representados en el Ayuntamiento, (Rebeca Torró por el PSPV-PSOE, Fran Quesada por COMPROMIS, Paula García por EUPV y Rafael Gandía por el PP), así como un representante del Consejo Vecinal (Pedro Luís García) y miembros de la Plataforma de Indignados del movimiento 15M de Ontinyent, actuando como Secretaria la técnica de Servicios Sociales Inma Llin.
En la reunión de ayer, además de hablarse de estos casos, y del proceso a seguir para actuar ante estas situaciones, se recordó que en 2012 el Ayuntamiento de Ontinyent ha destinado 40.000 euros a acciones relacionadas con esta problemática, como el pago de hipotecas en calidad de ayudas de primera necesidad desde el área de Servicios Sociales. El Ayuntamiento también cuenta con 8 viviendas sociales habitables para hacer frente a esta problemática, una cifra que se considera "limitada" dado el incremento de los casos que se está registrando.
En la Comisión Mixta se habló también de otras medidas que se están estudiando, como apoyar a las familias inmigrantes que no conocen suficientemente la legislación o el idioma para mediar con las entidades bancarias y los juzgados; se habló de un modelo de Convenio de Colaboración con la Diputación de Valencia y el Colegio de Abogados para dar asesoramiento jurídico gratuito a los afectados; y se puso sobre la mesa el problema que tienen las comunidades de vecinos de edificios donde los bancos se han quedado en propiedad varias viviendas no hacen frente al pago de los gastos de la comunidad.
El Concejal de Política Social, Manuel Ruiz, ha hecho un llamamiento a los afectados para constituyan una plataforma local o comarcal: "organizarse ayudaría a hacer mejor frente a la situación y llevar a cabo acciones ciudadanas, así como a hacer más visible un problema ante el que se necesita más conciencia social", manifestaba. Desde el Gobierno de Ontinyent ha destacado que la puesta en funcionamiento de la Comisión y las acciones que se están llevando a cabo ante los desahucios "muestran una vez más la sensibilidad de este Gobierno con las problemáticas sociales a las que se enfrentan los ciudadanos", concluían.
Cabe recordar que el pasado 22 de noviembre el Alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, el concejal de Hacienda, José Francés, y el edil de Política Social, Manuel Ruiz, presentaban una serie de medidas que incluían la no autorización a la Policía Local a participar en los desahucios, la solicitud de una oficina de intermediación hipotecaria en el Colegio de Abogados de Valencia, o estudiar la revisión de los términos de la colaboración municipal con las entidades bancarias que lleven a cabo desahucios en el municipio.
