Caso Alquería: La Policía entra en la diputación de Valencia para recabar más información
Agentes de la UDEF también han registrado el Ayuntamiento de Ontinyent y Divalterra para completar la documentación recogida en los registros de junio
El Juzgado de Valencia investiga por prevaricación administrativa y malversación al expresidente de la Diputación, dos asesores y tres altos cargos de Divalterra
Novedades en el Caso Alquería. Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han entrado este martes a las sedes de la Diputación Provincial de Valencia, del Ayuntamiento de Ontinyent y de Divalterra para recabar información y completar así la documentación que se recogió en los registros el pasado mes de junio.
Tal y como les avanzó elperiodic.com, el que fuera presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, fue detenido el pasado mes de junio en una operación contra la corrupción -el ya conocido Caso Alquería- en la que también eran detenidos dos asesores y tres altos cargos de Divalterra. La operación se centra en la investigación de la contratación de personal directivo en Divalterra (antigua Imelsa) aunque se conocen pocos datos al respecto ya que la causa permanece hasta el momento secreta.
Este martes, el Juzgado de Instrucción numero 9 de Valencia, autorizaba a la policía a entrar en las tres instituciones para recabar información que complete la intervenida en las entradas y registros autorizadas el pasado mes de junio. Los agentes de la UDEF se han desplazado esta mañana a las sedes de la Diputación Provincial de Valencia, del Ayuntamiento de Onteniente y de Divalterra para la práctica de esta diligencia.
Operación Alquería
Cabe recordar que la causa está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Se inició en 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.
En el marco de la llamada "operación Alquería", el 27 de junio los agentes de la UDEF practicaron registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Onteniente, y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa). El magistrado instructor autorizó también la entrada y registro en cuatro viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros tres investigados.
Además del presidente de la Diputación, en junio fueron arrestados un asesor, el jefe de gabinete, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra y los dos directores gerentes de esta empresa pública. Tras su comparecencia ante el juez, quedaron en libertad aunque mantienen la condición de investigados.
