OSSP y EUPV piden que Onda se oponga al Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA)
Los concejales de Onda sí Se Puede y de EUPV en el Ayuntamiento de Onda, Manuel Escrig Azor e Iván Tauste Ruiz, respectivamente , presentan al pleno del Ayuntamiento de este miercoles una moción para declarar Onda como municipio opuesto al Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), "defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social".
Asimismo, se solicita del Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de de España su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles, y la derogación inmediata con carácter retroactivo de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local para legislar en su lugar una nueva normativa enfocada al desarrollo de la economía local.
Igualmente se solicita del Ministerio de Economía y Competitividad la no ratificación del CETA y la suspensión de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y el TISA (Acuerdo Multilateral para la Liberalización y Privatización de Servicios Públicos). Además, a este departamento se le pide en la moción que disposiciones del tipo solución de controversias entre inversores y estados (ISDS) o el Sistema Judicial de Inversiones (ICS) no sean incluidas en ningún futuro tratado de comercio o inversiones, y sean eliminadas de los tratados actualmente en vigor; lo mismo para disposiciones sobre servicios públicos y la propiedad intelectual; evitar la participación directa o indirecta de las ETN, a través de cualquier tipo de organismo o lobbies, en los procesos reguladores o normativos de la UE y sus Estados miembros en relación con temas sociales, laborales, sanitarios, medioambientales o cualquier otra materia. Los entes reguladores públicos podrán en todo caso establecer consultas no discriminatorias con organizaciones democráticas de la sociedad civil.
En las propuestas de acuerdo se incluye que el texto ya consolidado y firmado del CETA se someta a un proceso de ratificación, en coherencia con la legalidad europea y con los precedentes de anteriores tratados de carácter mixto, teniendo que pasar, además de por el Consejo y el Parlamento Europeo, por los parlamentos de todos los países miembros de la UE y por referéndums vinculantes, ya que "el contenido del CETA desborda las competencias exclusivas de la Comisión Europea y ha de ser por tanto considerado como un acuerdo mixto. La misma exigencia es aplicable a la ratificación del TTIP y del TISA", según indica Manuel Escrig, concejal de OSSP.
