La Generalitat destinará 1,2 millones de euros a sellar y restaurar un vertedero ilegal de lixiviados que se clausuró en 1990 y que desde entonces provocó varias multas a los anteriores alcaldes
Este vertedero de residuos urbanos provocó vertidos incontrolados durante años por no estar correctamente sellado, siendo teniente de alcalde de Medio Ambiente el ahora portavoz de los socialistas, Juan Miguel Salvador
Aquellos vertidos provocaron que el ayuntamiento recibiese varias multas de la Confederación Hidrográfica del Júcar
La inacción del tripartito pudo haber contravenido hasta cuatro artículos del Código Penal contra los recursos naturales y el medio ambiente y ahora le costará a todos los valencianos 1,2 millones de euros
La Generalitat Valenciana ha licitado por 1.241.261 euros el sellado y la restauración de un vertedero de residuos urbanos de Onda que se clausuró en 1990, sin proceder a su sellado, y que desde entonces recibió varias multas por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por el vertido incontrolado al Mijares de lixiviados.
La conselleria de Insfraestructuras, Territorio y Medio Ambiente atiende así a los informes presentados en septiembre de 2011 por parte del nuevo equipo de gobierno municipal para que resolviese un problema grave de salud medioambiental al que los anteriores alcaldes socialistas hicieron la vista gorda.
De hecho, el vertedero, clausurado en 1990, recibió varias denuncias por parte del CHJ, siendo teniente de alcalde de Medio Ambiente el que más tarde sería alcalde y ahora portavoz de los socialistas, Juan Miguel Salvador.
Y es que durante un año y medio estuvo vertiendo lixiviados al Mijares que podrían haber contravenido hasta cuatro artículos del Código Penal por ir en contra de los recursos naturales y del medio ambiente.
Concretamente, los artículos serían el 325, 326, 329 y 331 del Código Penal. De hecho, el informe que el nuevo equipo de gobierno solicita a los técnicos al principio de la legislatura habla de "vertidos altamente contaminantes con daño importante en el medio receptor".
Desde el inicio de legislatura, el nuevo equipo de gobierno municipal tomó las medidas necesarias para evitar los efectos de este vertedero ilegal de residuos urbanos. Así, actuó para controlar la balsa de lixiviados y sus vertidos, firmando a 30 junio de 2011 un contrato para bombeo periódico y gestión de lixiviados, con un coste de 91.810,25 euros anuales, implantó un un plan de control y vigilancia del vertedero e inició los trámites para la solución definitiva de su sellado.
Ahora, la Generalitat ha licitado el sellado y restauración de un vertedero que no estaba en funcionamiento desde hace 20 años y que hasta junio de 2011 seguía vertiendo lixiviados al Mijares, provocando serios daños al medio ambiente.
