Aguilella: "Zapatero utiliza los argumentos de Navarro para descartar un plan de rescate al azulejo"
La carta de Moncloa responde a la enviada por Aguilella al presidente del Gobierno para que atendiese en el Congreso a un representante de cada partido político del ayuntamiento de Onda para que los diputados pudiesen conocer de primera mano la realidad y necesidades del mundo del azulejo.
Los populares vienen reclamando, ante la negativa de los socialistas, un plan de rescate, como los puestos en marcha por el Gobierno para el automóvil o el textil, de fuerte implantación en Cataluña y Aragón, dos comunidades gobernadas por el PSOE.
“Enrique Navarro no es consciente del daño que está haciendo al sector del azulejo y a todos sus trabajadores. Su partido se nutre de sus argumentos para negarle cualquier tipo de ayuda a la cerámica. Nuestro alcalde se ha posicionado como la principal barrera a estas ayudas que sí están recibiendo otros sectores”, ha lamentado hoy Salvador Aguilella, presidente de los populares en Onda.
El Partido Popular basa la necesidad de ese plan de ayuda en la pérdida de competitividad experimentada por el sector y cifrada en un 35% en el último año, lo que supuso que en todo el 2009 hasta 8.000 personas perdieran sus puestos de trabajo. Esa situación, además, provocó un pacto por el empleo del azulejo entre la patronal del sector, ASCER, y los principales sindicatos. Todas las resoluciones de dicho pacto han sido olvidadas por el Gobierno.
El Ejecutivo no pone un euro
Moncloa ha esgrimido que Zapatero ya hace suficiente por ayudar al sector cerámico, el mismo argumento que utilizó Enrique Navarro en el ayuntamiento de Onda para vetar aquella resolución y, más tarde, la diputada socialista de La Vall d’Uixó Antonia García Valls en la Mesa del Congreso.
Presidencia del Gobierno no sólo considera que es suficiente la ayuda que recibe el azulejo, sino que, además, reconoce implícitamente que las dos únicas fuentes de financiación que recibe la cerámica proceden de organismos públicos diferentes al del Estado, tres millones de la Generalitat Valenciana y otros siete de la Unión Europea.
