Oltra: "Estamos reparando moral y económicamente a las personas dependientes del maltrato al que fueron sometidas por el antiguo Gobierno"

La vicepresidenta y conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que el Consell surgido del Pacte del Botànic está "reparando moral y económicamente a las personas dependientes del maltrato al que han sido sometidas en los últimos años por el antiguo Gobierno".

Para Oltra, estas personas "han sido víctimas de unas políticas que dejaron en el camino a miles de ciudadanos y ciudadanas que eran los más vulnerables de la sociedad y requerían especial protección por parte de los poderes públicos y que, sin embargo, han sido invisibles y maltratados institucionalmente"

"Por eso -ha destacado- la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está vinculada a la Vicepresidencia y es ahora la primera dentro del organigrama del Consell, dando prioridad a las políticas que rescatan personas y convirtiéndose en una aliada para las familias que menos suerte han tenido en la vida, que pueden encuentro unas entidades que les protegen"

Oltra ha realizado estas declaraciones en la Comisión de Política Social y Ocupación de Les Corts, donde ha comparecido a petición propia para explicar las medidas impulsadas por el Gobierno valenciano para mejorar la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Eliminación total del copago confiscatorio

Entre las medidas tomadas en el último año ha destacado la eliminación total del copago que implantó el anterior Gobierno en los centros de día desde enero de 2016, sustituyendo además la distinción entre centros para mayores y para personas con diversidad funcional por la de servicios prestados.

"De esta forma, -ha informado.- 4.569 personas ya no tienen que pagar por un recurso al que tenían derecho y que ha sido asumido por parte de la Generalitat, con un coste total de 8,2 millones de euros". De ellas 1.352 son personas mayores (1.120 dependientes con PIA o grado en vigor y 232 no dependientes o sin valorar) y 3.317 personas con diversidad funcional (3.026 dependientes y 291 no dependientes o no valorados)

"Asimismo, -ha añadido- un 30% de las personas que tuvieron que abandonar estos centros por no poder atender este copago han podido regresar a los centros" (83 personas, de las que 24 corresponden a centros de Alicante, 10 de Castellón y 49 de Valencia).

Por otra parte, se ha incrementado la cantidad mínima para gastos personales de los usuarios del servicio de atención residencial y permitir que puedan vivir más dignamente, que han beneficiado a 12.482 personas.

De estás 10.210 son personas usuarias de residencias de mayores, con un coste de 5.289.523 euros; En concreto, se ha pasado de 175,73 euros mínimos (el 33% del IPREM) a 218,66 euros (el 41,25% del IPREM; mientras que 2.272 son usuarios con diversidad funcional de residencias y viviendas tuteladas, donde se ha pasado de 219,66 euros mínimo (41,25% IPREM) a 346,13 euros (65% IPREM), con un coste total de 3.439.080 euros.

También se ha mejorado la capacidad económica de las personas que viven en residencias mediante la recuperación de las pagas extraordinarias en junio y diciembre, beneficiando a 10.210 mayores con un total de 12.956.490 euros; y 3.386.052 euros para 2.272 personas con discapacidad funcional.

Incremento del personal destinado a la evaluación de la dependencia

Otro de los aspectos sobre los que se está trabajando es el cambio del sistema de valoración de los expedientes de dependencia para agilizar la gestión y evitar atascos, sustituyendo el anterior modelo, integrado por solo 18 valoradores para toda la Comunitat que, en muchos casos, no cumplían los requisitos de capacidad, por otro, dotado con 6,3 millones de euros en 2016, en el que participen los profesionales de los servicios sociales municipales y que esté acompañado por un plan de formación y capacitación y dotado de los medios personales y técnicos necesario.

Este plan ha comenzado su implantación por la provincia de Alicante con 106 trabajadores de 45 servicios municipales y 9 trabajadores sociales con funciones de asesoramiento y soporte subvencionados por la Conselleria y proseguirá con las provincias de Castellón y Valencia y con la confección de los equipos interdisciplinares, de forma que "en 2018 estará consolidado y tendremos un sistema que comenzará a poder cumplir una Ley de Dependencia que lleva 10 años de incumplimiento".

En este punto, ha agradecido al personal de la Generalitat el esfuerzo realizado para tratar de agilizar la tramitación de estas ayudas así como la colaboración de los alcaldes de los municipios que van a formar parte a partir de ahora del sistema de valoración y de los trabajadores de los servicios municipales.

Pago de la retroactividad

Mónica Oltra ha recordado que el Consell ha destinado 28 millones de euros para abonar todos los retrasos de pago heredados del antiguo Gobierno en concepto de retroactividad fraccionada, que afectaban a 5.914 personas dependientes que ya estaban incorporadas al sistema y que en muchos casos tenían que esperar hasta 2019.

Asimismo, se ha simplificado y agilizado los trámites para permitir el pago de la prestación de cuidador no profesional a los herederos de las personas que fallecieron sin recibir las ayudas, lo que ha supuesto el pago de otros 8,7 millones de euros de duda que la Administración tenía pendientes con 1.712 familias.

De esta forma, el nuevo Consell "ha puesto remedio a los "cuatro maltratos" a los que el anterior Gobierno sometió a estas personas que son: una lista de espera que generó un tapón de 45.000 personas; el no reconocimiento de la retroactividad durante años; el fraccionamiento del pago de esta retroactividad una vez se reconoció y, en cuarto lugar, el maltrato a los herederos de las personas que fallecieron y no llegaron a entrar en el sistema".

La vicepresidenta ha concluido que el objetivo del nuevo Consell "es intentar dignificar la vida de esta personas" y por eso ha pedido perdón en nombre de la Generalitat por el "maltrato a las personas que, en vez de poder contar con la acogida y protección de los poderes públicos, ha recibido en muchas ocasiones la callada por respuesta"

"Nos encontramos en un momento de transición que es complicado, ya que no es lo mismo empezar una casa desde los cimientos que tener que hacer cambios sobre la ruina que nos hemos encontrado, pero es un cambio imprescindible, un mandato de Les Corts que debemos cumplir", ha afirmado.

"Necesitamos esta travesía que dará frutos y hará que personas en situación de dependencia se encuentren protegidas, tratadas dignamente por los poderes públicos y que puedan estar orgullosos de un Gobierno que trabajar para garantizar sus derechos"