El grupo municipal socialista anuncia la presentación en el próximo pleno de una propuesta de resolución sobre la función social de la vivienda
Los socialistas afirman que con esta propuesta pretenden que el Ayuntamiento de Novelda se adhiera a una iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes consistente en la tramitación de una proposición de ley de carácter preventivo contra los desahucios que permite intervenir a la administración autonómica cuando se inicia el proceso de ejecución y antes de que se dicte orden de lanzamiento.
El portavoz del grupo municipal socialista, Manuel González, explicó que la Generalitat tiene competencias exclusivas en esta materia y que, por tanto, esta iniciativa lo que pretende es legislar sobre la función social de la vivienda declarando de interés social la cobertura de la necesidad de vivienda de las personas que se encuentren en alguna situación de emergencia y afectadas en procedimientos de desahucios.
Además, González puso de relieve el contenido básico de esta iniciativa al informar que al inicio de la ejecución hipotecaria se ofrece la posibilidad de concertar un contrato de arrendamiento con opción de compra a suscribir por el Banco ejecutante, el propietario ejecutado y la Generalitat por un plazo de 3 años, a la finalización del cual el arrendatario podrá optar por la compra o por continuar con el arrendamiento durante dos años más.
El portavoz socialista explicó que el precio base del contrato será el reajustado siguiendo los criterios legales del RD Ley de saneamiento de las entidades financieras de 2012 con una rebaja del 50% pagando la Generalitat un 3% anual del precio ajustado pudiendo repercutir como máximo hasta un 50% de la renta al propietario ejecutado.
Destacó que, en caso de negativa por la entidad financiera ejecutante a formalizar el contrato, la Generalitat procedería a tramitar la expropiación del usufructo temporal de la vivienda por un plazo máximo de 3 años.
Para finalizar, Manuel González indicó que esta iniciativa constituye una propuesta justa, razonable y solidaria que con una mínima financiación autonómica permitiría evitar el 60% de los desahucios que se producen en nuestra Comunidad actuando de forma preventiva en estos casos.
