Blasco exige al Gobierno central que cese los envíos de irregulares

La crisis no evita la continua llegada de inmigrantes irregulares a la Comunitat Valenciana. En este sentido, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, exige al Gobierno central una financiación acorde con la realidad migratoria de la Comunitat. “Zapatero y su Gobierno nos mandan inmigrantes irregulares en lugar de la financiación que merecemos por cantidad y porcentaje de población inmigrante y por recursos de acogida”, ha especificado el conseller.

El Gobierno ha recortado el Fondo de Acogida e Inmigración en un 65% y ha aprobado otro recorte del 40% para 2011, es decir, de 25 millones de euros pasará a destinar 2,5 millones de euros, poniendo en serio peligro las labores humanitarias y la cobertura de las necesidades básicas a estas personas, que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad.

Por este motivo, el responsable de Solidaridad y Ciudadanía reclama al Gobierno socialista que destine para la inmigración el triple de lo que dedica en la Comunitat para atender a las 884.622 personas inmigrantes que residen en tierras valencianas.

Inmigración irregular
Por otra parte, un total de 5.388 inmigrantes irregulares han llegado a la Comunitat Valenciana en los últimos cuatro años. 5.090 han sido remitidos por el Gobierno desde Canarias, Ceuta y Melilla para que la Generalitat Valenciana se haga cargo de ellos, pero a éstos hay que sumar los 298 inmigrantes que han llegado en patera a las costas valencianas desde 2007 y de los que también se hace cargo el Gobierno autonómico.

¿Para qué sirve el Fondo de Acogida?
El Fondo principalmente permite financiar las plazas de acogida e inyectar dinero en los municipios para la integración de los inmigrantes. Este recorte presupuestario afectará, sobre todo, a las entidades y ONGs que en la Comunitat gestionan las 672 plazas de acogida. La Generalitat financia el 70% de las 672 plazas de acogida para inmigrantes irregulares que existen en la Comunidad. Para ello, colabora de forma directa con 35 entidades alicantinas, castellonenses y valencianas para mantener 16 pisos, 7 hostales, 8 albergues, centros de acogida y 1 casa cuna.