Rodríguez: “La Generalitat no va a pedir a los jóvenes de la Comunitat que devuelvan la Renta Básica de Emancipación que exige el Ministerio”
Medio Ambiente y Vivienda ha presentado alegaciones al Real Decreto del Ministerio que regula la devolución
“El Ministerio de Vivienda no sabe de dónde recortar gastos y, además de suprimir y reducir ayudas del Plan de Vivienda para la Comunitat Valenciana por importe de 250 millones de euros, ahora quiere que unos 1.200 jóvenes de la Comunitat que recibieron una ayuda para pagar su alquiler la devuelvan. Para el Gobierno Central no es suficiente con incumplir los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas, y también se dedica a hostigar al ciudadano”, ha manifestado la Directora.
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha presentado las alegaciones al borrador del Real Decreto por el que se modifica la actual normativa de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes. La Generalitat considera que con su redacción actual se pierde la oportunidad de establecer un procedimiento flexible para evitar que un gran número de jóvenes deban devolver la ayuda por exceder el límite de ingresos por el pago de horas extras, gratificaciones no habituales o, incluso, indemnizaciones por despido.
“Es imprescindible regular esta ayuda con un procedimiento sencillo. El Real Decreto del Ministerio en lugar de regular las devoluciones lo que debe hacer es incorporar las medidas necesarias para que los jóvenes no tengan que hacerlo. La improvisación y la falta de planificación del Ministerio de Vivienda ha sido la causa de que nos encontremos con esta situación”, ha lamentado la Directora.
Contenido de las alegaciones
En el documento remitido al Ministerio, la Conselleria alega que la Comunitat no puede asumir la obligación de tramitar y resolver el procedimiento de reintegro, sino que sólo actúa como mera notificadora de la resolución. Además, la Generalitat considera que el procedimiento de reintegro incurre en una complejidad administrativa que no tiene razón de ser, al convertir a las ventanillas únicas en un inspector fiscal con una asunción de competencias que, de ninguna forma, debería producirse.
En todo caso, debería ser la propia Agencia Tributaria quien cree un servicio para recaudar los supuestos fondos indebidamente percibidos ya que, finalmente, dichos fondos irán a engrosar las arcas estatales y éste es el organismo que dispone de los recursos para realizar esta función.
Hay que recordar que esta ayuda se tramita desde las ventanillas únicas de atención al ciudadano de las comunidades autónomas, unas oficinas que el Ministerio de Vivienda ha anunciado que va a dejar de financiar, con lo que incumplirá lo acordado en el Plan de Vivienda. Los dos próximos años la Comunitat Valenciana no contará con la aportación estatal del 40% y el Ministerio aún adeuda a la Generalitat 1,6 millones de euros que corresponden a este año. En total la perdida de aportación económica a estas oficinas por parte del Ministerio asciende a 6,4 millones de euros.
Este recorte estatal se incluye en el borrador del Real Decreto que prepara el Gobierno Central para modificar también el Plan de Vivienda. En conjunto, el Ministerio quiere recortar a la Comunitat Valenciana 250 millones de euros de aquí a 2012. A partir del año que viene, sólo con la desaparición de las ayudas estatales a la compra de vivienda y las viviendas protegidas que los promotores dejarán de construir por la reducción de sus subvenciones, más de 23.000 familias se verán perjudicadas por un recorte de más de 160 millones de euros en ayudas del Ministerio de Vivienda.
Además, ya en este mismo año, con la supresión de la reserva de eficacia para las comunidades que, como la valenciana, superan los objetivos marcados, la Comunitat no podrá tramitar ayudas a la vivienda por valor de 30 millones de euros en 2010, 2011 y 2012, con lo que el Gobierno Central se ahorrará en total 90 millones de euros más.
Por todo ello, el Consejo Asesor de Vivienda acordó por unanimidad en su reunión del pasado lunes exigir al Ministerio la retirada de este Real Decreto. El Vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda entregó a la Ministra Corredor el documento consensuado por este órgano representativo de los intereses empresariales, profesionales y económicos en materia de vivienda de la Comunitat.
