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Mayans exige a la conselleria de Bienestar Social la “retirada inmediata” de la normativa que impide a los dependientes percibir más de una ayuda

  • El secretario de Sanidad declara que Camps “margina y castiga a los dependientes de la Comunitat” al negarles su derecho a recibir todas las prestaciones

El secretario de Bienestar Social y Sanidad de los Socialistas Valencianos, José Ramón Mayans, ha acusado hoy al Gobierno de Francisco Camps de “marginar y castigar a los dependientes de la Comunitat Valenciana”, puesto que, a través de una iniciativa legislativa, “impide que las personas perciban todas las prestaciones que precisan”. “Exigimos que Camps no castigue más a los dependientes y retire de forma inmediata esta normativa”, ha reclamado.

Mayans ha explicado que “la conselleria de Bienestar Social niega los derechos de los dependientes a percibir todas las prestaciones que precisan aplicando un decreto de incompatibilidad”. Este decreto provoca que aquellos dependientes que precisen más de una prestación se vean obligados a optar por una de ellas solamente. “Es algo que va contra la base de cualquier política de Bienestar Social, que lo que pretende es extender el mayor número de prestaciones y ayudas a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que lo requieran”, ha declarado.

En ese sentido, el dirigente socialista ha indicado que “en cuestiones como éstas es donde se ve claramente qué lugar ocupa para el Partido Popular las necesidades de los dependientes”. Así, ha recalcado que estas personas “no están entre las prioridades del Consell”.

El responsable de Bienestar Social y Sanidad de los Socialistas Valencianos ha comentado que en España hay diferentes autonomías, “incluso gobernadas por el PP”, como es el caso de La Rioja o Castilla y León, que ofrecen a los ciudadanos y ciudadanas todas las prestaciones que precisan. Una situación que no se produce en la Comunitat Valenciana, donde, según ha dicho, “cada vez es más patente, la irresponsabilidad y dejadez del Gobierno de Camps para con los dependientes”. Por este motivo, ha exigido a la Conselleria de Bienestar Social en que debe retirar “inmediatamente” esta normativa que “únicamente perjudica a la sociedad valenciana”.

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