Mayans acusa a Camps de olvidarse de 24.000 personas que necesitan ayuda de la Generalitat para subsistir
El responsable de Bienestar Social del PSPV-PSOE lamenta que al presidente de la Generalitat le preocupen “muy poco los ciudadanos y menos si son pobres”
“La renta garantizada de ciudadanía es una prestación económica, recogida en el Estatut de autonomía de la Comunitat Valenciana, para las familias con dificultades económicas que no reciben ninguna otra prestación acompañada por planes de inserción social, lo cual les permite subsistir”, ha explicado el responsable socialista. Esta ayuda, ha continuado Mayans, tiene una duración máxima de cinco años y se “debería estar abonando por el Gobierno valenciano del presidente Camps que tampoco lo está pagando”.
En este mismo sentido, el dirigente del PSPV-PSOE ha matizado que “esto repercute en el bienestar de estos ciudadanos, pero además, sobre las precarias finanzas de los ayuntamientos que ven como tienen que financiar prestaciones comprometidas por la Generalitat que no cumple”.
Mayans ha criticado que “el presupuesto asignado para este concepto ha experimentado un descenso progresivo en los últimos años pasando de 10 millones de euros a 2 millones en el año 2008, pero lo intolerable ya es que además el Gobierno de Camps no lo paga”.
“Es una realidad que estos 24.000 valencianos y valencianas le preocupan muy poco al presidente Camps y menos si estos son pobres”, ha apuntado. Por este motivo y porque Camps “ha engañado y sigue engañando a los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunitat, el presidente de la Generalitat debe dimitir inmediatamente”, ha sentenciado Mayans.
Por último, Mayans ha exigido que Camps “dé explicaciones de por qué no se está abonando la renta garantizada a las personas que lo necesitan” y le ha invitado a que “por una vez, asuma su responsabilidad, reconozca que se ha equivocado y pida perdón a las familias que tiene abandonadas en la estacada”.
En este sentido, el responsable de Bienestar Social de los Socialistas Valencianos ha reiterado que será el próximo Gobierno socialista de la Generalitat “el que aplique la Ley de Dependencia, el que resuelva en un plazo máximo de 30 días las solicitudes para recibir las ayudas y el que asuma la responsabilidad de atender las necesidades de los valencianos y las valencianas”.
