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CSIF avisa al Gobierno de la pérdida de 1.781 efectivos de Administración General del Estado en Comunidad Valenciana

    El sindicato CSIF denuncia la reducción de la plantilla de Administración General del Estado en la Comunidad Valenciana, que ha descendido progresivamente de los 14.781 efectivos que tenía en 2012 a los 13.000 de este año 2018, como refleja el Boletín Estadístico del Registro de Personal. La central sindical urge a reponer vacantes y avisa del deterioro de los servicios públicos.

    La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que la principal reducción de plantilla se ha producido en la provincia de Valencia, donde ha perdido casi mil efectivos en este sexenio. En concreto, en 2012 contaba con 8.531; en 2015 bajó hasta 7.913 y el presente 2018 dispone de 7.570 trabajadores.

    CSIF continúa relatando que la merma de plantilla en Administración General del Estado se reproduce en las tres provincias. En Alicante la cifra ascendía a 4.087 trabajadores en 2012; mientras que en 2015 ya menguó hasta 3.763 y en 2018 se ha quedado en 3.578. En total, alrededor de 500 empleados públicos menos. En este mismo periodo, en Castellón ha pasado de contar con 2.163 efectivos en 2012 a disponer de 2.023 en 2015 y 1.852 en 2018, lo que supone unos 300 trabajadores menos en el último sexenio.

    La central sindical explica que esa reducción de plantilla se debe sobre todo a la falta de reposición de las plazas que quedaban vacantes por jubilación. El sindicato urge al Gobierno a cubrirlas y recuerda que la pérdida de efectivos afecta directamente a la atención al ciudadano, ya que supone un empeoramiento por falta de medios en el Servicio Público de Empleo Estatal, Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, Prisiones u oficinas locales de Tráfico, entre otros.

    De hecho, CSIF ya denunció la pasada semana que la oficina estatal de empleo de Requena únicamente era atendida por un trabajador, como ejemplo del deterioro del servicio. Esta circunstancia para el usuario provocaba que al solicitar cita previa la recibiera para cinco días después y no para los siguientes dos días, como ocurriría con la plantilla completa si se cubrieran vacantes, bajas y turnos de vacaciones.

     

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