Ferrer San-Segundo: “El TSJ desmonta una nueva ilegalidad del Botànic por recurso del PPCV”
La Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado hoy que "el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración".
Para la portavoz popular, "la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho".
"Lamentamos que la política del Consell sea arbitraria e ilegal, como ha decretado en varias ocasiones el TSJCV, pero nos congratulamos que esta Sentencia, una vez más, la 'desmonte' y que nuestro trabajo de resultado".
Ferrer San-Segundo ha manifestado que "lo que manifiesta el TSJ es que el valenciano debe fomentarse, pero sin excluir ni marginar al castellano que es también lengua cooficial. Ha sido el PPCV quien ha conseguido, una vez más, y gracias a este recurso, que se declare la ilegalidad de este decreto. No nos van a callar, no vamos a dejar de trabajar y vamos a seguir apoyando a tantas personas que nos piden que actuemos contra normas excluyentes y sectarias que no dan los mismos derechos e igualdad a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, residan donde residan y sea cual sea su mayor competencia lingüística".
La portavoz popular ha señalado que "ya advertimos en su día de estas ilegalidades, incluso en el trámite de información pública, pero no nos hicieron caso y siguieron adelante con una norma manifiestamente ilegal que afecta a cuestiones como la notificación de trámites administrativos, la comunicación entre empleados públicos, rotulación, publicidad institucional, contratación con proveedores.... Lo que pretendía el decreto declarado ilegal, junto a otros del 'pack inmersión', era copiar la hoja de ruta del nacionalismo catalán, que allí solo ha traído división y enfrentamiento".
La representante popular ha señalado que "el PP va a estar siempre dando la cara en sede parlamentaria, por escrito y mediante recursos a los tribunales si hace falta, siempre que observemos atisbos de ilegalidad y se cercene la libertad, las normas y la convivencia pacífica del pueblo valenciano. Estaban advertidos por nosotros y también por el CJC".
El recurso a este decreto se fundamentaba en la "marginación del castellano" que supone, un "ataque innecesario" a esta lengua para defender el valenciano, ya que "en la mitad de los artículos, el valenciano no se preveía solo como preferente, sino como excluyente".
Asimismo, María José Ferrer San-Segundo ha incidido en que la sentencia "también que puede afectar a posteriores normas que prepara el Consell como es el requisito lingüístico en la nueva Ley de Función Pública, al indicar que no todos los empleados públicos tienen la obligación legal de conocer el valenciano, y menos de expresarse con plena competencia por escrito."
Además, el PPCV denunció que el Consell pone al mismo nivel la cooficialidad y el "ámbito lingüístico común" con territorios como Cataluña y Baleares, cuando el segundo concepto es extrajurídico, y se incluyó con clara intención política.
Ferrer San-Segundo ha señalado que "el PPCV presentó recurso contencioso-administrativo contra este decreto del Consell al considerar que en parte de su articulado era "ilegal, discriminatorio y falto de consenso." "Si así se ha declarado por el TSJ, quien se equivoca no es quien presenta recursos contra normas ilegales, sino quien las dicta, en este caso el Consell del Botànic, que va de varapalo en varapalo judicial", ha concluido.
