El PPCV pedirá el cumplimiento “inmediato” de la suspensión del Decreto de Plurilingüismo en todos los ayuntamientos de la Comunitat
La vicesecretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, María José Catalá ha anunciado hoy la presentación de mociones en todos los ayuntamientos de la Comunitat para instar al Consell a cumplir "de inmediato" el auto del 20 de junio de 2017 mediante el cual quedaba suspendido el Decreto del chantaje lingüístico.
Así mismo, se instará al Consell a elaborar instrucciones "específicas" y por escrito, sobre la normativa aplicable en la actualidad en materia de plurilingüismo para todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa y que éstas sean publicadas en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Además, el PP reclamará al Consell en todos los municipios de la Comunitat que dé a las familias que han presentado su solicitud de admisión en un centro educativo, en relación a los niveles del decreto 9/2017, la posibilidad de modificar dicha solicitud, si así lo desean.
En esta línea, la moción también reclamará la dimisión del conseller Vicent Marzà "por ser el responsable de una norma que chantajea a las familias para imponer su doctrina catalanista, y por desobedecer los autos del TSJCV que anulan el decreto".
Además, Catalá que ha participado en un acto educativo en Bocairent, ha dado el "pistoletazo de salida" de la campaña de recogida de firmas del PP por todos los municipios de la Comunitat para defender los derechos lingüísticos de los valencianos y rechazar las imposiciones que quieren acabar con 35 años de libre convivencia.
Catalá ha lamentado que la política del Consell en materia educativa sea "la insumisión" al tiempo que ha indicado que "la desobediencia" no puede ser parte de la gestión del Consell que no puede aplicar el Decreto de Plurilingüismo después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decretara la suspensión cautelar. "Solo queda un camino, y es el de cumplir las decisiones judiciales".
En este sentido, ha recordado que el Decreto "ha tenido un gran rechazo por parte de la comunidad educativa y han sido ya 9 los recursos que se han interpuesto contra ella por parte de la sociedad civil y miembros de la comunidad educativa".
