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Blasco: “La nueva Ley de Extranjería rechaza la financiación reclamada por el Consell”

  • El conseller afirma que el texto aprobado en el Congreso es un nuevo varapalo para la Comunitat

  • El Consell había reclamado una financiación según la población inmigrante residente en cada región

  • El conseller denuncia que “los cinco millones de ciudadanos son castigados por Zapatero por ser valencianos y residir en la Comunitat”

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha asegurado hoy, en relación a la nueva Ley de Extranjería, que la Comunitat no recibirá un solo euro más para atender a los 882.870 inmigrantes residentes en nuestra región al no aceptarse una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, a instancias del Consell, que reclama una distribución de las ayudas por parte del Gobierno de acuerdo con la población inmigrante en cada región y previa determinación de una cuantía fija por extranjero residente.

Blasco ha lamentado que el Gobierno de Zapatero, de nuevo, castiga a la Comunitat limitando la inversión por inmigrante a 26 euros frente a los 1.725 euros que destina el Consell. El titular de Inmigración y Ciudadanía ya ha anunciado que el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2010 aún empeorará la financiación de servicios sociales básicos de la Comunitat, dado que el Fondo Estatal para la Acogida y Refuerzo Educativa que se distribuye entre todas las comunidades autónomas reducirá su cuantía en un 50% de los 196 millones actuales en el presente año. “Las consecuencias serán nefastas para ayuntamientos, entidades de acogida y el Consell, ya que si ahora percibimos unos 23 millones de euros anuales, si se mantiene el actual sistema de distribución, la cantidad para el año próximo se limitará a trece millones de euros”, ha aclarado Rafael Blasco.

El conseller ha denunciado que “en el debate sobre la nueva Ley de Extranjería, cuyo ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, el Gobierno socialista ha priorizado los intereses de su propio partido, careciendo de una clara visión de Estado, y lo que es peor ha cedido a las pretensiones de minorías nacionalistas sólo con sacar adelante este texto legislativo”. En este sentido, el conseller ha apelado a un gran Pacto de Estado por la Inmigración.

En este sentido, Blasco se ha referido al acuerdo que han alcanzado el Gobierno socialista y CIU que impondrá aprender la lengua catalana como requisito para obtener la residencia en esta región. Estas alianzas del PSOE en Madrid “ponen en entredicho al PSPV-PSOE, ya que mientras en la Comunitat se oponen a una integración recíproca basada en la voluntariedad, en el Congreso de los Diputados acceden a que las comunidades autónomas emitan un informe para acreditar la integración del inmigrante a través del conocimiento del idioma, la historia, tradiciones, etc, incluso, que dichos programas se financien con dinero del Estado”.

La gestión migratoria del Gobierno de España ha sido y es un absoluto desastre marcado por los continuos vaivenes: del papeles para todos a expulsiones para todos, sin una financiación adecuada y dándole la espalda a las autonomías. Lo que hace el PSOE no es política de Estado, es arrimarse a aquellos que más les conviene” ha significado Blasco.

Discriminación por razón de residencia

El conseller ha aludido a casos concretos en cuanto a los perjuicios concretos que tendrá la Ley de Extranjería en la Comunitat. Ha afirmado, por ejemplo, que la inversión del Gobierno por un inmigrante residente en Ceuta es de 211 euros, 153 en Melilla o 54 euros por inmigrante en comunidades como Extremadura o Castilla La Mancha.

Un gobierno democrático no puede consentir estas desigualdades entre comunidades autónomas. ¿Por qué un extranjero si vive en Extremadura recibe más atención económica del ejecutivo socialista que si reside en la Comunitat?” ha manifestado Blasco. Hay que añadir que la Comunitat es en la actualidad la tercera región con mayor población de extranjeros y, sin embargo, es la cuarta por la cola en cuanto a financiación con dinero del Gobierno por inmigrante.

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