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LA UNIÓ critica la supresión de los encuestadores para la elaboración del nuevo censo agrario que se efectúa cada diez años

  • Por primera vez el INE obliga a los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana a cumplimentar un farragoso cuestionario en sólo quince días

  • Los profesionales del campo reciben estos días en sus casas toda la información con la obligación de contestarlo

LA UNIÓ critica la decisión del Instituto Nacional de Estadística (INE) de suprimir a los encuestadores en la elaboración del nuevo censo agrario de 2009 y sustituir su trabajo por el envío por correo postal al agricultor y ganadero de un amplio y farragoso cuestionario para que lo cumplimenten en apenas quince días.

Los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana reciben estos días una carta del Instituto Nacional de Estadística acompañada de un cuestionario de ocho páginas con decenas de preguntas y posibles respuestas, así como un manual de instrucciones de cuatro páginas, difíciles de entender. Todo este trabajo era realizado en los anteriores censos por encuestadores contratados por parte del INE y ahora se traspasa toda esa tarea a personas que bastante tienen para tratar de vender sus producciones a precios dignos.

LA UNIÓ señala que el INE incluso demanda celeridad en el escrito remitido a los agricultores y ganaderos porque pone textualmente que “debido al calendario de recogida de información, debemos solicitarle que nos remita el cuestionario cumplimentado en el plazo de quince días desde la recepción de esta carta”. Y por si lo demás no fuera ya suficiente se le señala que “de acuerdo con la Ley 13/1996 la cumplimentación del cuestionario censal es obligatoria”.

LA UNIÓ va a remitir una protesta formal al Instituto Nacional de Estadística y también a la Conselleria de Agricultura reclamando que se recupere la figura del encuestador o en su defecto que se atienda desde las oficinas comarcales de Conselleria las consultas de los agricultores y ganaderos y se les ayude a rellenar los formularios, ya que de lo contrario, además de causar trastornos a los agricultores, la encuesta adolecerá de la fiabilidad y el rigor necesario.

LA UNIÓ considera que esta encuesta, cuyos datos sirven para publicar la realidad del sector por un periodo de diez años, es lo suficientemente relevante como para que sus métodos de recogida no se tomen tan a la ligera y no se relegue la eficacia por una cuestión meramente de recorte económico puro y duro.

Josep Botella, secretario general de LA UNIÓ, afirma que “no entiende como se suprime la figura del encuestador aumentando la burocracia para los agricultores y ganaderos, cuando por ejemplo España dispone de 3 millones de euros que salen del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, es decir de nuestros bolsillos, para la elaboración del censo agrario”.

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