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La Generalitat abre el plazo de participación pública de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje

    La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha abierto el plazo para la participación pública al anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat (LOTUP), según anuncia el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

    Con la publicación en el DOGV, se pone en marcha el plan de participación pública con el fin de dar a conocer el contenido del proyecto y recoger las propuestas, alegaciones, observaciones y aportaciones ciudadanas, así como de asociaciones y organizaciones interesadas. De igual manera, se deberá recabar los dictámenes del Consell Económic i Social de la Comunitat Valenciana y del Consell Consultiiu de la Comunitat.

    En este sentido y a partir de la publicación en el DOGV, se establece un periodo de dos meses para presentar los escritos que los interesados crean oportuno y conveniente. Para ello, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha puesto a disposición de la ciudadanía el texto del anteproyecto de ley en su página web consultar aquí

    El anteproyecto de modificación de la LOTUP

    La modificación de la LOTUP, que contempla el cambio de cerca de cien artículos del texto legislativo, responde a la necesidad de implantar nuevas políticas urbanas y de actuación sobre el territorio que se basen en un urbanismo al servicio de las personas y del interés general.

    Con este anteproyecto se pretende conseguir una ordenación del territorio sostenible y la recuperación de su función pública, se apuesta por la rehabilitación y regeneración de los espacios degradados de las ciudades y el desarrollo de un urbanismo más amable donde se contemple la perspectiva de género que, por primera vez, se incorpora al artículo 13 entre los principios básicos que han de inspirar el nuevo modelo urbanístico.

    Además, se han modificado artículos para facilitar las inversiones socioeconómicas sostenibles con mayor consenso y participación; y se aportan medidas e instrumentos para dar solución a los efectos perjudiciales que han tenido en el territorio actuaciones urbanísticas aprobadas o toleradas sobre criterios meramente especulativos y con dejación de las funciones públicas como los denominados "PAIs fantasma" o la gran proliferación de viviendas diseminadas sin los mínimos servicios básicos.

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