CSI·F: “Los trabajadores de los centros de menores están siendo menospreciados por la Generalitat Valenciana”

El sindicato CSI·F califica de lamentable y politizada la gestión del cierre de los centros de menores que está llevando a cabo la Generalitat Valenciana. El sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, se refiere así a la visita de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que se ha traducido en una orden de cierre de los centros La Resurrección de Segorbe, Penyeta Roja de Castellón y El Carmen y Monteolivete en Valencia.

El sindicato aplaude la persecución de irregularidades por parte dela Generalitat pero discrepa en su elección política y estratégica de los menores tutelados y de los trabajadores de los centros como cabeza de turco en su guerra política contra la oposición y anterior ejecutivo.

CSI·F señala como principal responsable a la propia administración autonómica y la falta de fiscalización del Consell sobre la adjudicación que se da a estos centros mediante concurso público y con un pliego de condiciones por cuyo estricto cumplimiento tiene que velar la Generalitat. Del mismo modo, tilda de "indignante" que se utilicen puestos de trabajo ocupados por profesionales de la empresa privada, educadores y empleados públicos y no se haya expresado ni una sola palabra en favor de su dedicación y profesionalidad a pesar de la acuciante falta de medios y la situación de precariedad de las infraestructuras en las que se atienden a los menores.

"Cualquiera que lea estos días la prensa podría interpretar que los trabajadores son cómplices de la situación, y nada más lejos de la realidad" explican. "Se han mezclado además- argumentan- situaciones muy dispares buscando interesadamente generalizar y confundir, y se mete en el mismo saco un cierre que destapa presuntos casos de maltrato con otros que sencillamente tratan de infraestructuras pendientes de una reforma puntual.

Los centros, cuya gestión está asumida en unos casos por la propia GVA y en otros adjudicada a la orden religiosa de las Terciarias Capuchinas, han sufrido durante años un total abandono institucional, cuya máxima prueba es la laxitud de las inspecciones llevadas a cabo para comprobar si las subvenciones "más que suficientes – matiza CSI·F- para atender correctamente a los menores" se destinaban o no íntegramente a sus lícitos fines.

Ahora, en su afán por elevar a escándalo público la gestión precedente, el Gobierno de la Generalitat demuestra una total insensibilidad con los trabajadores de estos centros. "Pero aún más grave es, continua CSI·F, que se haya cometido la aberración educativa de trasladar a los jóvenes en la recta final del curso escolar sin tener en cuenta lo traumático de la situación y sin consultar a profesores y expertos". "Desde enero en que se detectaron las deficiencias hasta ahora, la Generalitat no ha ordenado ningún traslado y en los centros, ni siquiera tienen constancia aún de los cierres, tal y como estipula el procedimiento administrativo común" relatan. CSI·F se pregunta cómo la consellera Mónica Oltra ha permitido durante 5 meses que los niños vivieran en el estado que denuncian y han dejado pasar dos años de legislatura.

El sindicato considera que un ejercicio de responsabilidad política se ha convertido en una campaña pública "de muy mal gusto" porque daña gravemente la imagen de los empleados de estos centros y afecta a los menores que son doblemente víctimas. En segundo lugar, las inspecciones están para detectar irregularidades y ordenar la subsanación de las mismas, un proceso normativo que no se ha cumplido y que hubiera evitado traslados masivos a estas alturas del curso. Y por último, CSI·F insta a la GVA a "desenmascarar a los culpables con premura" porque el concierto debe seguir pagándose de las arcas públicas y ahora existe un sobrecoste en traslados de personal, transporte de menores en autobuses y adecuación de destino.

El sindicato exige una rápida depuración de responsabilidades y pide a la vicepresidenta, Mónica Oltra, que se pronuncie con respecto a los trabajadores cuyas familias sufren ahora la lógica incertidumbre por su futuro laboral. En el centro Penyeta Roja de Castellón trabajan 16 empleados públicos entre auxiliares y profesores además de otra decena trabajadores. En Segorbe, por su parte, otros 16 trabajadores del propio centro Ntra. Sra. de La Resurreción desconocen su futuro laboral inmediato. Los trabajadores de Monteolivete (Valencia) han sido trasladados a un nuevo centro de acogida sito en Buñol y en El Carmen la plantilla espera que se aclare su destino.