Soler: “La sentencia del Supremo evidencia una falsificación masiva de las cuentas por los anteriores gobiernos de la Generalitat”

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha manifestado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la multa de la UE por la ocultación de 1.900 millones en facturas por parte de los anteriores gobiernos autonómicos del PP en la Comunitat Valenciana "pone en evidencia una falsificación masiva de las cuentas por los anteriores ejecutivos valencianos que ha costado 19 millones a los valencianos, así como el engaño sistemático con la manipulación de los datos del déficit". 

Soler se ha referido así al fallo del Supremo, que desestima el recurso que presentó el Consell contra la decisión del Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2016 de repercutir a la Generalitat Valenciana la multa por la gestión de los anteriores responsables del Ejecutivo autonómico. 

"El recurso tenía un sentido, defender los intereses del contribuyente valenciano", ha subrayado el conseller, quien ha añadido: "Queríamos que la multa, si finalmente se ratifica por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al menos la pagáramos a medias el Gobierno de España y Generalitat. Porque, efectivamente, pudo haber una mala gestión por parte del gobierno autonómico anterior, del PP, pero también ha podido haber por parte del Gobierno de España una falta de supervisión en la ocultación de facturas". 

Cabe recordar que, tal como expone la Generalitat en su recurso, la Sindicatura de Comptes denunciaba desde finales de los años 90 la ocultación de facturas de forma masiva por parte de los gobiernos valencianos, sin que la Administración central tomara medidas. Tampoco lo hizo inicialmente cuando el anterior Consell, a través de la Intervención General de la Generalitat, comunicó unos datos erróneos a finales de enero de 2012 y a finales de abril de 2012. 

Sin embargo, fue la necesidad de incluir esas facturas en el Plan de Pago a Proveedores aprobado en abril de 2012 lo que obligó a aflorarlas. Tal como refiere la sentencia, "en el marco del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las comunidades autónomas […], el análisis del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la información remitida por las comunidades autónomas reveló irregularidades en la trasmisión del gasto sanitario en la Comunitat Valenciana, lo que se notificó a Eurostat el 17 de mayo de 2012". La Intervención de la Generalitat, que depende orgánicamente de la Conselleria de Hacienda y cuyo titular tiene la condición de alto cargo del Consell, "no confirmó oficialmente los importes correctos a la Intervención General de la Administración del Estado hasta junio de 2012". 

"Esta sentencia del Tribunal Supremo -lamenta el conseller Vicent Soler- carga sobre las espaldas de los valencianos un tema gravísimo, como es la ocultación de facturas, algo que es sinónimo de una gestión nefasta. Esto quiere decir que lo que había en la Comunitat Valenciana no era solo corrupción. Había corrupción, pero también una malísima y desastrosa gestión del dinero de los valencianos". 

Cabe recordar que el Gobierno central ya descontó a la Generalitat en noviembre de 2016 el importe de la multa, más los intereses, 19 millones de euros, sin esperar que el Tribunal Supremo dictara sentencia. Cuando el Ejecutivo central, por acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2016, repercutió la sanción a la Comunitat Valenciana, la Generalitat presentó un recurso al Supremo. En el mismo se pedía la suspensión hasta que el tribunal resolviera, pero el Gobierno lo descartó y acabó descontando esos fondos de la financiación de los valencianos. 

"Esperar a que acabe el proceso judicial antes de tomar decisiones" 

Ahora, el proceso judicial queda pendiente de la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el recurso que presentó el Reino de España contra la decisión europea de imponer esta sanción a España. El conseller Soler ha señalado que la Generalitat "ha actuado con cautela y responsabilidad en todo momento, esperando que culminaran todos los trámites. Ahora corresponde esperar a que finalice el proceso judicial en el Tribunal de la UE y después analizaremos la exigencia de responsabilidades porque los valencianos no tienen por qué pagar los tropelías de los anteriores gestores del Consell". 

"Es una vergüenza que la primera sanción de Europa por manipular el déficit sea como consecuencia de la ocultación masiva de facturas que hicieron los responsables anteriores de la Generalitat. Deberían pedir perdón y asumir responsabilidades porque es indecente que eso lo tengan que pagar los valencianos. En ese sentido, la actitud del Gobierno, de endosar al actual Consell las malas prácticas de sus correligionarios en la Generalitat, es indignante", ha criticado Soler. 

Ferrando: "Con la multa se habrían hecho cuatro colegios" 

Por su parte, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha considerado "una vergüenza que los ciudadanos tengan que pagar por la mala gestión de sus gobernantes. Tendremos que pedir responsabilidades políticas a los culpables de una negligencia que nos va a costar muy cara". 
"La exconsellera Isabel Bonig y los dirigentes del Partido Popular de la Comunitat Valenciana deberían opinar sobre la gestión del anterior Consell. Que les expliquen ellos a los valencianos y a las valencianas los 19 millones de euros que nos han descontado, si el Tribunal Europeo no cambia la decisión, por manipular los datos del déficit", ha recalcado Ferrando. 

"Con esos 19 millones se habrían podido construir 4 centros de Atención Primaria o 4 colegios. La gestión del PP en nuestra Comunitat nos ha resultado muy cara a los valencianos y las valencianas. A la corrupción y el despilfarro, ahora hay que sumar una negligencia que ha resultado en una multa que tendrán que pagar los contribuyentes", ha indicado.