Ferrer San-Segundo: “El Botànic quiere crear un estado de inmersión vigilada”
La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, María José Ferrer San-Segundo, ha denunciado hoy que el Consell del Botànic "crea comisarios lingüísticos que van a poder, tanto en el ámbito público como en el privado, decidir en qué idioma hablamos y cómo hablamos".
La portavoz popular ha presentado en rueda de prensa las alegaciones contra el proyecto de decreto del Consell por el que se crea la Oficina de Derechos Lingüísticos sometido a trámite de información pública y que va a provocar que "estemos en un estado de inmersión lingüística vigilada. El Botànic quiere controlar hasta qué idioma hablamos en la intimidad. Y no sólo cuál, sino cómo lo hablamos, y nos castigará si no es botánicamente correcto".
Ferrer San-Segundo ha señalado que "a este paso lo siguiente será instaurar la "policía del pensamiento", donde el Gran Hermano Marzà, con la claudicación de la Consellera Bravo en el ámbito de la función pública, nos corregirá en qué idioma debemos pensar o soñar".
La diputada popular ha manifestado que "el valenciano debe ser protegido y potenciado, pero la libertad y la no discriminación, también. Los derechos son de las personas, la libertad a expresarse en una lengua u otra, también. Y, sin duda ninguna, también en los ámbitos privados".
"Además, se está copiando el modelo de inmersión catalana, que la experiencia demuestra que no ha llevado a una convivencia pacífica de lenguas, sino a la imposición y la división", ha proseguido.
Ferrer San-Segundo ha desgranado el decreto. "En el preámbulo hay imprecisiones y exageraciones sobre la vulnerabilidad de los derechos lingüísticos que deberían suprimirse. Tampoco se incluye en ningún momento ni se hace mención de las dos lenguas oficiales en la Comunitat. Además invade competencias de otras administraciones, estatal y local, sobre las que el texto del decreto impone exigencias".
La diputada popular ha revelado que el decreto "extiende el ámbito de actuación a las personas en los ámbitos privados. La oficina lingüística de la Generalitat podrá denunciar, adoptar medidas y respuestas para corregir a personas particulares en su ámbito privado, como una policía del pensamiento. Es el espíritu del Gran hermano de Marzà, un comisario lingüístico que nos vigilará cómo hablamos. Pero hay una falta de tipificación de las conductas. No se sabe qué es infracción ni qué conducta supone vulneración de derechos lingüísticos. Los principios de tipicidad y seguridad jurídica exigen describir las conductas sobre las que pueda imponerse corrección, imposición o cualquier tipo de efecto restrictivo o sancionador. Los derechos a proteger son tanto los de las personas que se expresan en valenciano como los de las que lo hacen en castellano, sin que pueda prevalecer ninguno de ellos, porque ambos son derechos personales".
María José Ferrer San-Segundo ha manifestado que en el decreto "hay una falta absoluta de tipificación de las sanciones, medidas, respuestas o sanciones que pueda imponer un órgano creado "ad hoc" como es la Oficina Lingüística".
La portavoz popular ha indicado que "estamos ante una nueva vía para aumentar los chiringuitos y enchufados porque tampoco se señala en el decreto requisitos o perfiles. Desde el PPCV vamos a seguimos defendiendo estos valores de no imposición y respeto a las personas y a su libertad. Lo hicimos ya en el Decreto de Usos administrativos e institucionales de Lenguas Oficiales en la GVA, donde también presentamos escrito de Alegaciones en trámite de información pública, y, aunque fueron menospreciadas por el Consell diciendo que eran objeciones políticas que no aportaban nada, la realidad ha demostrado que las objeciones hechas por el propio CJC coinciden en apreciaciones realizadas por el GPP".
Por último, Ferrer San-Segundo ha apuntado que con este decreto "se infringe el Estatut que prohíbe discriminación por razón de lengua, en la que se incluye tanto el valenciano como el castellano: impone una superioridad de aquel, y, por tanto, de unos ciudadanos sobre otros incluso en los conflictos privados en los casos que cada uno de ellas opte por utilizar uno de los dos idiomas oficiales distinto al elegido por el otro. También supone una clara injerencia en el libre ejercicio del derecho ciudadano a utilizar, con normalidad, cualquiera de las dos lenguas oficiales, sin estar sometido por ello a controles y medidas correctivas, especialmente en los ámbitos privados, respecto a los que las inmisiones han de estar más delimitadas. Incurre en defecto grave por falta absoluta de tipicidad de las conductas e impone excesos de exigencias y control, especialmente porque no garantiza la protección respecto de los ciudadanos que utilicen una u otra lengua, en los conflictos que por razón lingüística pudiera haber entre ellos, y más en lo que afecta a las esferas privadas".
