El Pleno del Senado debatirá el martes una moción de Compromís para acabar 'de forma inmediata' con los peajes en la AP-7
La coalición recuerda que la autopista nació con el dictador Franco y que "ha llegado la hora de dejar de pagar más peajes" y ponerla al servicio de los ciudadanos
El Senado debatirá el martes una moción de Compromís que reclama liberar de manera inmediata y sin esperar al fin de la concesión, "la autopista de peaje AP-7 Tarragona y Alicante, con especial urgencia en aquellos tramos donde pueda actuar de ronda de circunvalación". La parte resolutiva de la moción pide además que se garantice que, una vez liberada, no se aplicará ningún tipo de nuevo canon o carga hacia sus usuarios y no proyectar en el territorio valenciano ninguna otra infraestructura de peaje.
El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha recordado que la Autopista del Mediterráneo, o AP-7, es un eje que comunica toda la costa mediterránea desde la frontera con Francia hasta Algeciras. En 1970 el dictador Francisco Franco y su vicepresidente Carrero Blanco firmaban un decreto de ejecución y régimen expropiatorio para los terrenos necesarios de la autopista. La primera fue adjudicada a Autopistas del Mare Nostrum, S.A. Concesionaria del Estado, por Decreto 2052/1971, de 23 de julio (BOE de 8 de septiembre de 1971) y la segunda a esta misma sociedad por Decreto 3477/1972, de 21 de diciembre, (BOE de 22 de diciembre de 1972), como prolongación de la anterior. Los tramos Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, la concesión de los cuales corresponde a Abertis (antes AUMAR), tienen como fecha final prevista de la concesión el 31/12/2019, y el Gobierno ya ha anunciado, no confirmado, que no tienen previsto renovarla.
"A pesar de ello, no aclara qué previsiones futuras tiene para el vial, como si piensan mantener el peaje o implantar un sistema de pago por uso (euroviñeta), lo que supondría un nuevo mazazo a las pretensiones de los usuarios que han estado pagando durante décadas abusivos peajes por circular con seguridad, cuando en otros puntos de la península no ha sido así", recuerda Mulet.
Esta importante vía de comunicación discurre en sus tramos Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, siguiendo un recorrido paralelo a dos carreteras nacionales (N340 y N332) que, a veces, atraviesan importantes núcleos de población y que soportan una elevada densidad de tráfico de vehículos. Como consecuencia de esto se incrementa la frecuencia de accidentes en estas vías (recordamos que, según un estudio realizado por RACE en 2006, en la N-340 se encuentra el tramo de carretera más peligroso de España) y se generan numerosas molestias a los vecinos y vecinas de estas poblaciones. En cambio, desde el inicio de la crisis, los mencionados tramos de la AP-7 han experimentado una notable reducción de la intensidad de tráficos.
El delegado del Gobierno Central en Valencia afirmó, como también hizo la ministra en su momento, que no se alargará más la concesión -tras dos prórrogas- pero que el Gobierno podría optar por no suprimir totalmente el peaje en la AP-7 para «compensar» el déficit acumulado en otras autopistas como las radiales de Madrid u optar por otras fórmulas de gestión.
"Si ponemos cifras, Aumar explota los tramos Tarragona-València y València-Alacant. Obtuvo en el ejercicio 2015, unos ingresos de peaje de 264,3 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 105,9 millones de euros respectivamente. Hemos propuesto en varias ocasiones al Gobierno sin obtener respuesta, si no es más económico liberar cuanto antes este vial que realizar parches y nuevas afecciones territoriales, como ocurrió con la variante del Maestrat de la N-340, que costó 81,5 millones de euros, destruyó miles de explotaciones agrícolas a pleno rendimiento, para finalmente reproducir un vial saturado con un carril por sentido. Pero parece claro que el Gobierno no está por realizarse reflexiones tan profundas o molestar a las concesionarias", ha agregado Mulet.
La principal excusa para no querer recuperar la AP-7 es el alto coste que generaría el pagar los derechos a la empresa concesionaria por el lucro cesante; pero "nunca se han aportado datos sobre qué sería más gravoso económicamente, si la construcción de nuevas infraestructuras o este rescate (que haría innecesarias a las primeras) y eso hablando solamente en términos dinerarios, ya que en términos ambientales o paisajísticos, a largo plazo, no hay comparación posible".
Los conductores de estas zonas están hartos de pagar peajes a la concesionaria de la AP-7 y de ver como en otras zonas de la Península se construyen autovías seguras y las autopistas son rescatadas, cuando aquí llevan décadas pagando, por lo que la inversión está más que de sobra amortizada. La gratuidad de la AP-7 es la alternativa a la elevada siniestralidad del resto de carreteras saturadas que tenemos los valencianos y valencianas. Esta es una actuación que se podría llevar a cabo de inmediato, sin obras y aportaría un importante valor añadido social y económico, por ejemplo, a zonas turísticas y periféricas.
En 2014 el Pleno de les Corts Valencianes aprobó una Proposición no de Ley para pedir que no se prorrogara en el 2019 la concesión de esta autopista entre Tarragona y Alacant.
