El número de fármacos abandonados cae un 32% en el primer año de ayudas a los copagos
El Consell ha analizado el efecto de los decretos 240/2015 y 239/2015 relativos a las subvenciones destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud, o de ayudas frente al copago.
Tras el análisis de los tratamientos prescritos y de los dispensados a las personas beneficiarias de las ayudas, el número de tratamientos abandonados en el periodo de enero a diciembre de 2016 ha descendido en un 32,1 por ciento respecto al mismo periodo del 2015. Esto significa que han sido abandonados 133.355 tratamientos menos.
En el colectivo de pensionistas con rentas bajas, se han abandonado un 33,3% menos de tratamientos que en el mismo periodo de 2015, lo que significa que han sido abandonados 119.697 tratamientos menos.
Por su parte, en el colectivo de personas con diversidad funcional ha caído el abandono en un 24,6% (-20,3% menores y -24,3% a mayores de edad), lo que significa que han sido abandonados 13.658 tratamientos menos.
En concreto, por tipo de diagnóstico, destaca la caída del abandono del tratamiento de procesos relacionados con enfermedades crónicas como la hipercolesterolemia en un 34%, la diabetes en un 31% o la hipertensión en un 31%.
Más de 915.000 beneficiarios en la Comunitat en 2016
En los primeros doce meses de aplicación de los mencionados decretos de ayudas frente al copago, de enero a diciembre de 2016, han sido un total 915.332 personas las que se han beneficiado de estas ayudas. En concreto, 117.637 personas con diversidad funcional y 797.695 pensionistas con rentas bajas.
Por provincias, en Alicante han sido 317.472 personas (284.945 pensionistas y 32.527 personas con diversidad funcional); en Castellón 122.098 personas(106.102 pensionistas y 15.996 personas con diversidad funcional); y en Valencia 475.762 personas (406.648 pensionistas y 69.114 personas con diversidad funcional).
El Consell aprobó el pasado mes de diciembre los decretos que establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a estos colectivos para compensar los gastos relacionados con la protección de la salud en el ejercicio presupuestario 2017, y que renovaron las ayudas que comenzaron a aplicarse en 2016.
También en diciembre, el Consell aprobó los acuerdos de colaboración entre la conselleria de Sanitat y los colegios de farmacéuticos de Valencia, Alicante y Castellón para la gestión de las ayudas. El martes pasado se refrendaron estos acuerdos mediante una firma pública en la conselleria de Sanitat.
Las ayudas van destinadas, por una parte, a pensionistas con niveles de rentas inferiores a 18.000 euros y a sus beneficiarios y, por otra, a personas con diversidad funcional con los siguientes requisitos: menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y mayores de 18 años diagnosticadas con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.
Las ayudas son aplicables a los tratamientos médicos, tanto farmacológicos como ortoprotésicos, prescritos por profesionales del sistema sanitario público valenciano a pacientes residentes en la Comunitat Valenciana.
Gracias a estas medidas, estos colectivos seguirán sin abonar los copagos farmacéuticos y ortoprotésicos, es decir, continuarán sin pagar por los medicamentos recetados por los médicos del Sistema Público de Salud y, además, en el caso de las personas con diversidad funcional, accederán a las ortoprótesis que necesiten sujetas a financiación pública sin pago suplementario.
Incremento de cinco millones de euros
Este año se ha incrementado el importe total de las ayudas destinadas al colectivo de pensionistas con un aumento de cinco millones de euros.
De este modo, serán un total de 40 millones de euros con cargo a los presupuestos de la Generalitat para 2017 los destinados a estas ayudas, frente a los 35 millones aportados en 2016. Además, se destinarán también 6,6 millones de euros a ayudas para el colectivo de personas con diversidad funcional, por lo que las ayudas para ambos colectivos ascienden a un total 46,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2016.
