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El Consell lamenta que el Gobierno ralentice el convenio para que la Policía Autonómica colabore en la lucha contra la economía sumergida

El Consell lamenta que el Gobierno ralentice el convenio para que la Policía Autonómica colabore en la lucha contra la economía sumergida

    El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedèu, ha lamentado que la ausencia de miembros del Gobierno central como el director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Sacristán, con el que se había acordado la fecha el mes pasado, y del delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ralentice la firma de un convenio para que la Policía Autonómica pueda colaborar en la lucha contra la economía sumergida junto con la inspección de trabajo. 

    Nomdedèu ha recordado que el Consell hizo al Gobierno central este ofrecimiento a través del President de la Generalitat, Ximo Puig, que anunció en Les Corts que la "Policía Autonómica incorporaría a sus atribuciones la lucha contra la economía sumergida" y que el Gobierno aceptó, tras "meses de negociación", en una reunión mantenida en Madrid con la directora general de Trabajo, Cristina Moreno. 

    "Hoy hemos perdido una gran oportunidad -ha continuado el responsable del Consell- para que las dos administraciones avancen en un acuerdo que permita dotar de más recursos humanos para combatir esa lacra que asola nuestra Comunitat". 

    La colaboración de la Policía Autonómica permitiría, según Nomdedéu, multiplicar el número de actuaciones específicas en la lucha contra la explotación laboral y también asegurar que los casos de economía sumergida que se detectan en el transcurso del resto de actividades que desempeñan los agentes no queden impunes. 

    Enric Nomdedéu ha recordado que la Comunitat soporta uno de los índices más elevados de economía sumergida. Así, según los últimos datos oficiales de la Gestha la tasa de economía sumergida de la Comunitat supera en casi dos puntos a la nacional, que se sitúa en el 24,6%, es decir, más de 253.000 millones de euros. Entre las provincias más afectadas destacan Alicante (27,6%) y Castellón (26,9%), que registran más fraude que la media autonómica. En Valencia, la cifra es del 25,7%. 

    Por otra parte, durante la reunión se ha decidido seguir trabajando en la programación de objetivos de 2017 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de manera que recoja todos los sectores que precisan, según la Generalitat, de un seguimiento y una sensibilidad especial. 
     

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