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Podemos solicita la creación de una Comisión de Investigación de "sobrecostes de concesiones públicas"

Podemos solicita la creación de una Comisión de Investigación de "sobrecostes de concesiones públicas"
  • Àngela Ballester: "Hacer trampas con sobrecostes que pagamos todos es un escándalo, además de un pozo de retrasos, suspensiones y paralizaciones en las obras adjudicadas. Falta un endurecimiento del Código Penal"

La diputada valenciana Àngela Ballester y los diputados Sergio Pascual y Juan Pedro Yllanes del Grupo Parlamentario de Podemos – En Comú – En Marea han registrado hoy en el Congreso la solicitud de creación de una Comisión de Investigación de los sobrecostes de contratos y concesiones públicas.

Los parlamentarios de Podemos se han referido a varios ejemplos paradigmáticos "como los rescates de las radiales de Madrid, en este caso los sobrecostes se producen entre entidades privadas pero acaba siendo sufragados por el erario público debido a la extendida práctica de la inclusión de cláusulas de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Otro ejemplo es la privatización del 49% de AENA, que el 11 de febrero salía a bolsa por 58 euros la acción y en dos meses superaba los 100 euros la acción duplicando su valor en una operación claramente desleal y/o negligente para el erario público, las obras del AVE". También a los 20 millones de euros de sobrecostes de las obras del AVE Alicante-Murcia se ha referido la diputada Ballester.

El proceso ha sido el mismo en todos los casos: primero, la Administración licita una concesión u obra pública, a continuación una empresa con recursos financieros amplios concursa a la baja (en ocasiones hasta el 40%) y acto seguido recibe la adjudicación y se exigen modificados y/o obras complementarias por valores que acaban alcanzando e incluso superando el precio de licitación. La secuencia, según Ballester "es una vergüenza, es un pozo de retrasos, suspensiones y paralizaciones, dudosas intervenciones de empresas públicas en obras adjudicadas".

Àngela Ballester, que es Portavoz Adjunta de la Comisión para la Auditoria de Calidad Democrática y Lucha contra la Corrupción, ha manifestado que "echamos en falta un endurecimiento en este sentido del Código Penal. Es cierto que está contemplada la malversación pero no es suficiente. Lo que en Francia por 400 millones de euros puede acabar con Christine Lagarde en la cárcel, en España 5000 millones de euros podrían quedar impunes. En este sentido, creemos que aquí la justicia debe ser más contundente con la corrupción y con la mala gestión".

Comisión de Investigación : objeto y composición

La petición registrada hoy contempla que la Comisión tendrá por objeto investigar sobre el objeto, razones, destino y posible administración desleal de los recursos públicos a través de la práctica sistemática del sobrecoste ya sea mediante autorización de modificados o proyectos complementarios y en concreto sobre:

-La práctica sistemática de las bajas en las ofertas por parte de un grupo de empresas concretas, evaluando además la posibilidad de que exista un fenómeno de cartel.

-La presunta administración desleal derivada de posibles inaplicaciones o aplicaciones negativas para el erario público del artículo 150 del vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que prevé, para la valoración de propuestas, la necesidad de atender ya no el precio más bajo sino otros criterios como la calidad, la revisión de las retribuciones ligadas a la utilización de la obra, los plazos de ejecución o entrega de la prestación, las características medioambientales, el mantenimiento, etcétera.

-Evaluación de la aplicación del mandato del TJUE respecto a los modificados de contratos, en particular que es una requisitio sine qua non el que exista un interés público que lo aconseje, que no se afecte al contenido esencial y que se motive y que acredite la causa que ampara finalmente el modificado.

Podemos ha propuesto que la Comisión esté compuesta por dos representantes de cada grupo parlamentario de más de 50 miembros y un representante por cada grupo con un número menor de miembros, además de igual número de suplentes, con un voto ponderado en las votaciones.

La duración de los trabajos de esta Comisión sería de seis meses desde su constitución, duración que podrá ser prorrogada por periodos de tres meses por acuerdo del Pleno de la Cámara.

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