El Consell y los jueces colaborarán en la creación de un protocolo que defina la actuación judicial en los casos de vulnerabilidad social ante un desahucio
El Pleno del Consell ha dado el visto bueno al convenio de colaboración suscrito entre la Generalitat, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad como consecuencia del desahucio de la vivienda familiar.
De este modo, el convenio incluye la creación de un protocolo de actuación en aquellos supuestos que, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por falta de pago del alquiler, la autoridad judicial tenga conocimiento de una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social para los que sea necesaria la intervención de la red asistencial de la Generalitat.
Se pretende evitar así que nadie en la Comunitat Valenciana se quede desamparado a consecuencia de un proceso judicial.
En estos casos, el juez comunicará esta circunstancia a los servicios sociales autonómicos o al ayuntamiento de la localidad donde residan las personas afectadas para que reciban ayuda y, si se cumplen los requisitos, puedan ser beneficiados de un programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias en el parque público de viviendas de la Generalitat.
El convenio establece también que los ayuntamientos valencianos, a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, participen en el intercambio de información referida a la estructura de los programas de asistencia social que cada uno disponga.
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ya ha empezado a trabajar para que los servicios de orientación jurídica de la Generalitat dispongan de toda la información necesaria para transmitirla a los posibles afectados por una situación de este tipo, así como los formularios para solicitar ayuda.
También se buscará la participación de los Colegios de Abogados y Procuradores para que estos operadores jurídicos conozcan que la autoridad judicial cuenta con una nueva herramienta procesal para paliar los dramáticos efectos de un desahucio.
