Mañana entra en vigor la ley de procedimientos de emergencia ciudadana presentada impulsada por Podemos
Mañana entrará en vigor la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana, una ley que impulsó Podemos que pretende que aquellas situaciones consideradas de emergencia ciudadana y que afecten a colectivos de especial vulnerabilidad, encuentren soluciones rápidas y eficaces desde la administración.
Esta norma reduce a la mitad los plazos máximos establecidos para resolver y notificar los procedimientos declarados de emergencia ciudadana e incluye el silencio administrativo positivo.
El diputado de Podemos, David Torres, ha manifestado que "nadie pone en cuestión el alarmante aumento de la pobreza, de la desigualdad, de la vulnerabilidad e inseguridad que estamos viviendo como consecuencia de la crisis y de unas políticas que no se han dirigido a las personas, sino que han ido en sentido contrario de lo que éstas necesitaban, soportando la carga de los recortes y de las políticas de ajuste".
Según Torres, se trata de "una ley novedosa, que encaja perfectamente en nuestro ordenamiento jurídico" y ha insistido en que abre el camino para regular en condiciones de igualdad".
La norma, según Torres, es necesaria, por el contexto de pobreza que padece la Comunitat Valenciana y que se ha visto agravada en los últimos años , 34,7 por ciento de la población frente al 29,2 por ciento estatal, ha recordado.
El parlamentario ha remarcado que "necesitamos políticas que pongan a las personas en el centro, y pensamos que esta ley lo hace, al resolver una situación de laxitud en la administración púbica que ha hecho que no todas las personas puedan acceder a los recursos para vivir dignamente". La ley, ha explicado Torres, "no altera procedimientos básicos ni afecta a la igualdad, porque todos los solicitantes tendrán el mismo trato preferente".
El objeto de la ley es declarar de oficio la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos que la ley califica de emergencia social: los destinados a garantizar a las personas más vulnerables los recursos económicos y sociales mínimos e indispensables para desarrollar una vida digna.
La ley regula que la administración ponga los recursos necesarios para que los procesos administrativos y la burocracia no perjudiquen a las personas que necesitan que las ayudas les lleguen cuanto antes. Si aun así, la administración no es capaz de dar respuesta rápida y eficaz, se insta a que la persona beneficiaria no se vea perjudicada por ello y se le conceda la ayuda por silencio administrativo positivo
Las ayudas a las que se refiere esta ley son, entre otras, las relacionadas con la emergencia social, prestaciones económicas por acogida de menores en las modalidades de acogida de urgencia, temporal, permanente, así como acogida en familia extensa y en familia acogedora y ayudas de comedor escolar y para libros de texto en los centros educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat y privados concertados, cuando se trate de solicitudes formuladas fuera de los plazos establecidos en las respectivas convocatorias y el motivo sea económico o de renta.
Asimismo, se incluyen las ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género; las indemnizaciones por causa de muerte; las individualizadas para el desarrollo personal, para personas con discapacidad; los procedimientos de obtención del certificado de discapacidad; los programas ayudas para la tercera edad y programas ayudas para personas con Alzhéimer, Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas y el asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género.
También se contemplan las ayudas a programas de servicios sociales especializados para personas con discapacidad, dirigidas a la integración en el ámbito sociolaboral; las destinadas a la integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social; la Renta garantizada de ciudadanía, respetando los plazos y en los términos de la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de renta garantizada de ciudadanía de la Comunitat Valenciana y las ayudas económicas a la dependencia.
La ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana es una iniciativa coordinada entre diferentes grupos parlamentarios de Podemos. La intención de esta norma es reordenar los recursos y establecer prioridades, porque las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos.
