CSI·F recuerda al Consell la importancia de velar por la protección eficaz de los trabajadores en los centros laborales

El sindicato CSI·F ha elaborado un decálogo de medidas a aplicar por el Consell para garantizar la protección eficaz en los centros de trabajo. Esta recopilación la divulga con motivo de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre las propuestas, más formación e información sobre riesgos para la salud en el ejercicio de las funciones, evaluación de esos riesgos o mayor control térmico en los centros.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) recuerda que un principio de la acción preventiva recogido en la Ley 31/95 de 8 de noviembre de Protección de Riesgos Laborales consiste en la adaptación del trabajo a la persona. Hace hincapié en la aplicación de este punto en la elección de equipos y métodos laborales para atenuar las tareas monótonas y repetitivas y reducir sus efectos en la salud.

CSI·F también urge a adecuar las instalaciones de aire acondicionado en los centros de trabajo para cumplir con la normativa y mantener temperaturas de entre 17 y 27 grados. El sindicato reivindica que la edad de los empleados públicos sea un parámetro más de las evaluaciones de los riesgos en los puestos de trabajo y en su adaptación. Del mismo modo, reclama evaluaciones permanentes de riesgos psicosociales en todas las administraciones públicas.

La central sindical pide la flexibilización de los criterios de movilidad funcional y geográfica de los empleados públicos por razones de salud. Igualmente solicita convocatorias de empleo público adecuadas, con tasas de reposición superiores al 100% para paliar los efectos de los recortes de personal llevados a cabo en años precedentes.

El sindicato recuerda en su decálogo que "la información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente o vigilancia del estado de salud forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral". Por ese motivo insiste, tanto a nivel estatal como autonómico, a que las administraciones "cumplan la legislación en vigor en materia de prevención de riesgos laborales".