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Aprobada en Les Corts una moción de Podemos para desarrollar un Plan de Contratación Pública de Alimentos

  • Este plan debe dictar unas instrucciones para que la contratación pública de todos los productos alimentarios sea de proximidad y, preferiblemente, ecológicos y sean destinados a colegios públicos, hospitales, residencias y otros centros públicos

Les Corts Valencianes han aprobado por unanimidad una moción del grupo parlamentario Podemos-Podem en la que se insta al Consell a impulsar la contratación pública de alimentos con criterios de responsabilidad social y medioambiental a través del Desarrollo de un Plan de Contratación Pública Alimentaria que complemente, amplíe y actualice el existente acuerdo del Consell de marzo de 2015 por el cual se establecen directrices para la aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la Generalitat y su sector público, así como en materia de subvenciones de la Administración de la Generalitat.

Según ha explicado la diputada de Podem, Beatriz Gascó Verdier, la introducción de criterios ecológicos y de sostenibilidad en los pliegos de condiciones de la compra pública alimentaria es una recomendación de la Unión Europea. Asimismo, ha indicado que el potencial de compra alimentaria de las diversas administraciones resulta significativo.

Gascó Verdier ha recordado que “millones de personas comen cada día fuera de casa en España haciendo uso de los servicios de restauración colectiva en centros públicos, millones de los cuales son estudiantes, pacientes de hospitales, personas mayores en residencias, cárceles o ejército” entre otros. El número de comidas servidos a través de catering aumentó en el Estado español de los 376 millones al año en 2006 hasta 427 millones de 2011.

El Plan que propone Podemos incorporará el informe técnico del grupo de expertos de la CE "Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Food and Catering Services", que regulará la contratación pública en temas alimentarios a partir de 2017 y plan debe dictar unas instrucciones para que la contratación pública de todos los productos alimentarios sea de proximidad y, preferiblemente, ecológicos y sean destinados a colegios públicos, hospitales, residencias y otros centros públicos.

También se solicita que se realice en estrecha colaboración con los respectivos sectores --sindicatos, cooperativas de productores y consumidores, asociaciones-- y que sea compatible con la legislación vigente.

Estas instrucciones, ha indicado Gascó, definirán las cláusulas sociales y medioambientales que tendrán que figurar en los procedimientos de licitación con el fin de que en la adquisición de estos productos se atienda no solamente el precio como criterio de adjudicación, sino que también se valoren los aspectos sociales y medioambientales de las ofertas.

Para ello se tendrá en cuenta de forma equilibrada otros criterios de calidad técnica, social, medioambiental y comercio justo, cláusulas relativas a igualdad o cláusulas relativas al fomento de la ocupación local con el objetivo de seleccionar la oferta que resulta económicamente más ventajosa en términos de calidad-precio en conjunto.

Según la propuesta de Podemos, las acciones tendrán que revertir sobre objetivos concretos y un calendario que defina los procesos necesarios para garantizar la intervención de los actores sociales involucrados y, a tenor de las nuevas directivas, fijará claramente las consideraciones sociales y ambientales en los pliegues de contratación, en arreglo al objeto del contrato; las especificaciones técnicas obligatorias y valorables; los criterios de selección de los licitadores y de adjudicación del contrato y finalmente, las cláusulas de ejecución del contrato.

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