Oltra: "El nuevo modelo de residencias priorizará el bienestar del usuario y el servicio público"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado hoy que el nuevo modelo de residencias para personas en situación de dependencia se está diseñando velando por la "felicidad y el bienestar del usuario", priorizando las plazas públicas existentes y en el caso de que haya que acudir al sector privado respetando "la legalidad, la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades".

Oltra ha comparecido en la comisión parlamentaria especial para el estudio del proceso de adjudicación de las plazas de residencia de accesibilidad para las personas dependientes, en concreto a los centros del grupo Savia, en la que la vicepresidenta ha manifestado su satisfacción porque Les Corts Valencianes cuenten al fin con comisiones de investigación como ésta, que tantas veces ella solicitó desde la oposición.

Ha explicado que tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que anulaba una parte del modelo de concertación de plazas ejecutado por el antiguo gobierno, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha tratado de "combinar" el cumplimiento de la legalidad con el "bienestar" de las personas dependientes que residían en estas residencias.

En este sentido, ha recordado que aunque no se está derivando a más personas a las residencias de accesibilidad se ha decidido no mover a los usuarios que ya estaban instalados, porque "el factor humano tiene que estar en primer lugar" y no se puede "hacer recaer la mala gestión del antiguo gobierno sobre este colectivo, que ya ha padecido bastante".

La vicepresidenta ha denunciado también que con el anterior sistema "mientras se derivaba a la gente a las residencias privadas había plazas públicas municipales vacantes", lo que demuestra que el modelo de accesibilidad "se construyó, no a partir de las necesidades de los usuarios o de las demanda que había de plazas, sino en función de los intereses de un determinado grupo empresarial muy vinculado al gobierno del PP".

"El sistema de accesibilidad no tenía como objetivo solucionar el problema de las plazas sino el poder hacer negocio con el dinero público", ha afirmado, y señalado que frente a este "saqueo" el Consell del Botànic está trabajando en "poner orden" con un nuevo modelo en el que se dará prioridad a las plazas públicas, que ya han sido concertadas para cubrir la carencia actual.

Oltra ha declarado que como las plazas públicas no son suficientes se está trabajando en el diseño de un nuevo modelo de concierto con empresas privadas basado en el "respeto a los principios de legalidad, libre concurrencia e igualdad de oportunidades", y en el que la prioridad será "garantizar el bienestar de la gente", lo que en su opinión pasa por contar con "los recursos que se ajusten a sus necesidades y les faciliten la vida".

La vicepresidenta se ha referido durante su comparecencia a la "situación desastrosa" en la que se encontraba el sistema de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia cuando el nuevo equipo de gobierno llegó a la Conselleria, con 45.000 personas en lista de espera, un "caos organizativo" y muchas carencias "derivadas del abandono al que se había sometido a estas personas en situación de vulnerabilidad".

Ha insistido en que en este primer año de gobierno, el Consell del Botànic ha trabajado para poner orden la situación de "caos" que había en el sector fruto de la dejación del antiguo ejecutivo, con medidas, como la elaboración de una herramienta que ha permitido geolocalizar todos los recursos inclusivos de la Comunitat Valenciana y que servirá de base para la elaboración de un mapa de necesidades reales.

Asimismo, ha resaltado otras medidas que tenían como prioridad "rescatar a las personas", como la eliminación del "copago confiscatorio" en todos los centros de atención diurna, de la que se han beneficiado 4.669 personas mayores o con diversidad funcional, o la mejora del dinero que tienen estos colectivos para una vida digna.

De la situación de abandono, ha destacado en la que se encontraba el cuerpo de inspección de la Conselleria, que hace un año contaba con 7 inspectores, cuando según la ley debían haber 27. Ha informado de que en un año se han elevado a 9 y se ha comprometido que en dos años se cumplirá lo que establece la legislación, para lo que ha animado a todos los grupos a ayudar al Consell en la rotura "del dogma de adelgazar la Administración" tal y como se defiende desde el Gobierno central.

De igual modo, se ha referido a los múltiples indicadores que ponen de manifiesto que determinadas empresas tuvieron un trato favorable desde la Conselleria, como a su juicio lo demuestra el que se rebajaban hasta ocho veces las propuestas de sanción que se imponían a las residencias del grupo Savia, y que finalmente no se cobraban, tal y como ha podido constatar el nuevo equipo de gobierno.