La Conselleria de Hacienda sanciona a una asociación de discapacitados por vender cupones sin licencia

Organización Impulsora de Discapacitados (OID). Es el nombre del organismo que vende el conocido como Euroboleto en toda España. Sin embargo, la lotería que vende es supuestamente ilegal ya que actúa sin la autorización administrativa que le permitiría realizar esta actividad legalmente. Desde la OID defienden que llevan pidiendo estos permisos muchos años pero siempre le son denegados. Esta paradójica situación les ha llevado ante la justicia en muchas ocasiones, también en la Comunidad Valenciana.

Concretamente, la Conselleria de Hacienda le ha abierto 13 expedientes sancionadores con multas que llegan casi a los dos millones de euros, según información proporcionada por esta delegación a elperiodic.com. Estas sanciones se llevan produciendo desde el año 2002 y suman un total de 1.9530.036 euros. Además, según los documentos a los que ha tenido acceso este medio, el pasado mes de abril se emitió otro expediente con un importe de 150.253 euros aunque está todavía pendiente de resolución.

Estas sanciones, explican desde la Subdirección General del Juego, se producen por “organizar y explotar un juego de cupones sin contar con la perceptiva autorización administrativa”. Esta delegación, dependiente de la Conselleria de Hacienda recuerda que la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España) es la entidad “legalmente habilitada” para este tipo de juegos en España. De hecho, según la ‘lista de morosos’ que la Agencia Tributaria publicó hace unos días, la OID se encuentra entre las diez entidades que más adeudan a Hacienda, con una cantidad superior a los 86 millones de euros.

La OID denuncia “monopolio” del juego en España

Esta situación se produce porque el organismo sigue vendiendo boletos a pesar de no contar con los permisos para hacerlo. Sin embargo, fuentes de la organización aseguran a elperiodic.com que llevan más de 25 años “luchando” por conseguir estos permisos, que le son continuamente denegados. Califican de “injusticia” ya que han hecho “todo lo necesario” para conseguir esta autorización. Además, denuncian el “monopolio del juego que se produce a nivel nacional”.

Este tipo de juego exige autorización administrativa previa, tanto a nivel nacional a través de la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas. En la Comunidad Valenciana, es la Consellería de Hacienda, a través de la Subdirección General del Juego, la encargada de otorgar las autorizaciones para realizar juegos de azar con máquinas recreativas, salones de juego, de bingo y casinos etc. Además también supervisa el cumplimiento de la normativa en este ámbito.

Desde la OID denuncian que sufren una “duplicidad de sanciones” en este sentido, ya que es la Dirección General de Ordenación del Juego quien hace impone las sanciones pero también a nivel autonómico se imponen multas.

Voluntarios por toda España

Es la falta de autorización previa la que impide a la OID vender estos cupones. La organización, constituida en 1989, se autodefine como “una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que lucha por la integración del colectivo de discapacitados en España, tanto discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales”. Además, destacan en su página web que ofrecen trabajo “a más de 3.000 personas con algún tipo de discapacidad repartidas por todo el territorio nacional, estas personas comercializan el Euroboleto de la OID que es el producto más importante y de sustento de la organización”.

Sin embargo, estas personas no están contratadas por la entidad, son voluntarios. Algunos de ellos, como es el caso del valenciano Diego N., ha demandado a la entidad por trabajar sin contrato: “Entré en la OID porque en la oferta de trabajo se prometía seguridad social, pagas extras y comisiones”, explica Diego en una entrevista con elperiodic.com. Por este motivo ha denunciado a la entidad ante el Juzgado de lo Social de Valencia: “Están recaudando un dinero en nombre de la discapacidad que luego no tiene el mismo fin social que dicen”, lamenta Diego.

Preguntados por este asunto, desde la OID inciden en la “paradójica situación” que se produce ya que fue, según fuentes del organismo, “la propia tesorería quien dio de baja a los trabajadores al declarar ilegal su actividad”, por lo que no les quedó más remedio que permitirles vender boletos a través del conocido voluntariado.