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El GPP denuncia la exigencia del requisito lingüístico para las comisiones de servicio de los docentes

    La Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciado la inclusión del requisito lingüístico previo del valenciano para poder participar en las comisiones de servicio 2016-17 al personal docente no universitario en la Conselleria de Educación.

    “Esta nueva cacicada del conseller Marzà, recogida en el borrador de la resolución que regula las comisiones de servicio, es un atropello a los derechos fundamentales, una auténtica barbaridad fruto del talibanismo de un conseller que está en manos de STEPV y Escola Valenciana, organizaciones que dirigen esa conselleria”, ha manifestado Gascó.

    La diputada ha anunciado que el Grupo Popular acudirá a los tribunales si no se retira ese punto del borrador “porque se vulnera la moratoria en la que los profesores de secundaria están exentos de tener la capacitación hasta 2017. Además, es ilegal ofertar plazas con requisitos distintos a los que se ofertaron en el concurso de traslados”.

    Para la portavoz popular “estamos ante un nuevo ataque a la libertad de las personas fruto del radicalismo a las que tan acostumbrados nos tiene ya este conseller que, además, tiene la sinvergonzonería de negarlo. Añadir el requisito lingüístico previo excluyente para participar en las comisiones de servicio, sea el puesto que sea, es una muestra más de que al tripartito no le importa la mejora de la calidad educativa sino imponer a la fuerza su visión parcial y radical para este sector”.

    Gascó ha explicado que “las comisiones de servicio se ofrecen fundamentalmente para casos humanitarios (enfermedades, discapacidades, dependencia de familiares de primer grado, casos de violencia de género, cuidado de hijos menores de seis años…) que no se pueden restringir por criterios lingüísticos, salvo en aquellos casos lógicos en los que se ocupe una plaza específica con requisito lingüístico, es decir, se vaya a dar clase en valenciano. Imponer el requisito es una muestra de crueldad y deshumanización sin precedentes. Para Marzà no importan las situaciones límite en las que se encuentren los docentes sino si tienen el requisito o no”.

    Beatriz Gascó ha concluido indicando que “esta exigencia es una barbaridad que está provocando decenas de denuncias ante la conselleria. Marzà actúa sin escuchar a nadie salvo a los que le manejan en la sombra. Él y quienes lo mantienen en el cargo son los responsables del actual hundimiento del sistema educativo valenciano”.

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