Compromís insiste en que es necesario desmantelar Castor y acabar con el peligro potencial de los terremotos

Ante la situación de hibernación que está viviendo el proyecto Castor, que se ha demostrado que era un proyecto peligroso al causar cientos de temblores en el territorio y su judicialización por las reconocidas irregularidades y omisiones cometidas, Compromís ha optado de forma insistente por reclamar su cierre urgente e inmediato. “No queremos ni esperar los resultados de los informes encargados en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachussets. Los informes se demostraron inútiles”, ha señalado el senador Carles Mulet.

En febrero de 2016, los senadores Carles Mulet y Dolors Pérez, solicitaron la comparecencia del ministro de Industria en funciones (o en caso que se produjera inminente configuración de Gobierno, el próximo titular), ante el pleno del Senado o en su defecto ante la comisión de Industria, para que diera cuenta de la situación del proyecto energético Castor, después de haber finalizado la fase de sellado e hibernación al cual fue sometido el mismo.

Compromís en el Senado ha reclamado derogar la Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo publicada en el BOE del viernes 18 de diciembre de 2015 por la que se establecían los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas por el 2016 que, en conclusión, suponía que los abonados acabarán pagando la chapuza del Castor.

“En España ha existido una mala planificación de infraestructuras como se ha evidenciado con este proyecto energético y se han constatado temeridades constructivas atribuibles tanto a la empresa promotora, como quien debía supervisar los trabajos y garantizar el cumplimiento de la normativa existente”, ha indicado Mulet. Recientemente el Supremo avaló la Sentencia de la Audiencia Nacional que ha declarado nulo un tramo de gaseoducto por no haberlo sometido a estudio de impacto ambiental.

Para el senador de Compromís, Carles Mulet, “no queremos dejar aparcado el problema sine die y el PP debe mojarse y tomar decisiones y cumplir lo que han acordado los distintos grupos políticos”. Por otro lado Compromís ha reclamado a todos los partidos que hagan valer en Madrid el acuerdo unánime de les Corts Valencianes para desmantelar el Castor ya que todos los partidos con capacidad para condicionar un futuro Gobierno se posicionaron en Valencia a favor de desmantelar la planta, tal y como han pedido ayuntamientos de la comarca, Diputación y Corts Valencianes. El Congreso ha aprobado también recientemente una Proposición No de Ley de En Comú Podem para desmantelar las instalaciones del proyecto Castor mediante una solución responsable y transparente" y con la participación mancomunada de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de las localidades afectadas.

Como dijo el diputado de la coalición en les Corts, Victor García, “es inconcebible que la ciudadanía del Maestrat sufra un futuro de incertidumbre y miedo ante la amenaza persistente de la reapertura de una instalación que ha hecho temblar los cimientos de toda la comarca".

En un bloque de iniciativas, los senadores Carlos Mulet y Dolors Pérez, han pedido al Gobierno saber en qué norma legal se han basado para determinar que sean los consumidores los que paguen durante 30 años por los costes de un servicio del que no gozan. Por otra parte los senadores han secundado la denuncia planteada por la Comisión Nacional de la Energía (en la que se ponía de manifiesto que se habían adjudicado obras y contrataciones externas de operación y mantenimiento en el almacén sin seguir los procedimientos de publicidad y concurrencia) y han preguntado por los efectos que esto ha tenido en las retribuciones que ya han sido abonadas o que se formalizarán próximamente a Escal UGS y ACS y cómo se han subsanado o clarificado desde la administración los enormes sobrecostes del proyecto.

Compromís también quiere saber quién pagará los costes anuales de 17 millones por la hibernación de las infraestructuras y a lo largo de cuantos años piensan hacerlo, teniendo en cuenta que en pocas semanas se dispondrá del informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachussets sobre la seguridad de la planta y la sismicidad que se ha inducido en la zona.

Pero el despilfarro no cesa. Recientemente se han pagado 250 millones de euros, información casi secreta que se ha conocido por la información contable de los socios canadienses de ACS en el proyecto y que estuvieron autorizados hace cuatro meses por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el mismo de los Papeles de Panamá.

Por último Compromís pide saber qué mecanismos se implementarán a partir de la experiencia del Castor y de otras infraestructuras, donde es el Estado y la Hacienda Pública quien acaba pagando las malas planificaciones de las empresas concesionarias o promotoras de obras de interés público.

Recordatorios

- El PP rechazó en Madrid, en la comisión de Industria del Congreso de junio de 2014, la propuesta de desmantelamiento.

- El Gobierno no ha dicho todavía cuál será el coste real de Castor, solo lo sabemos por la OCU, que lo cifra en 4.500 M €. El ministro no compareció la pasada legislatura por la disolución de las cámaras y ahora no queremos que ignoren los acuerdos y pedimos que haya una voluntad firme de encontrar una solución al problema.

- Castor sigue siendo un reguero de problemas judiciales para las administraciones afectadas, funcionarios, cargos de las empresas y nos tememos que acabará siendo la chapuza medio ambiental y económica más monumental de nuestra historia.

- El ex ministro Soria NO ha comparecido antes de su espantada por el caso de los Papeles de Panamá, ni ha derogado la Orden, como pedía Compromís, que repercute el coste de Castor a los consumidores de gas.

- No nos fiamos del PP (a tenor de cómo actúan con sus amigos y las grandes empresas cuando ven peligrar el poder) y que no dejen una nueva hipoteca sobre este proyecto antes de su salida y estando en funciones.

- Por eso ahora más que nunca, debemos reclamar con rotundidad el desmantelamiento de la planta, tanto al actual Gobierno en funciones como al próximo que salga de las urnas.