Soler: "Solo los pufos y decisiones del anterior Consell consumieron el 0,7 % del déficit, 700 millones"

El conseller de Hacienda y Modelo Econòmico, Vicent Soler, ha mostrado su “indignación y asombro” ante la comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para informar sobre los datos de déficit de las comunidades autónomas en 2015 que, en el caso de la Comunitat Valenciana, fue del 2,51 % del PIB. Soler ha lamentado el “alarmante desconocimiento que ha mostrado el ministro, consciente o inconscientemente, sobre la situación de la Comunitat Valenciana” y, en concreto, ha subrayado que “solo los pufos y los gastos imprevistos como consecuencia de decisiones, medidas o errores del anterior Consell y que han tenido que ser aflorados o corregidos por la actual Administración consumieron el límite de déficit que impuso el Ministerio de Hacienda para todo el ejercicio”, el 0,7 % del PIB. En concreto, estas medidas no recurrentes con impacto en el déficit de 2015 han supuesto 708 millones, lo que representa el 0,70 % del PIB valenciano.

“Todo el déficit autorizado del 0,7 % se fue en los pufos y errores del Consell del PP heredados por ese gobierno 'consorciado', que dice el ministro, de la Generalitat”, ha insistido el titular de Hacienda. “¿De qué habla el ministro? ¿De qué mal gobierno? Que se lo diga a sus conmilitones”, ha aseverado Soler. El conseller ha destacado que, si se descuenta ese 0,70 % de impacto de las medidas extraordinarias no recurrentes asumidas el año pasado, el déficit de 2015 se quedaría en el 1,81 %, una cifra “muy inferior a la registrada en 2014, el 2,49 %, e incluso a la de 2013, que fue del 2,17 %”. A esto ha añadido el titular de Hacienda que el anterior Ejecutivo dejó hasta junio de 2015, coincidiendo con el semestre electoral del ejercicio pasado, un déficit del 1,38 %, 1.391 millones de euros, con lo que ya se doblaba el límite anual para todo el año. En esta línea, la anterior Administración había dispuesto el 80 % del presupuesto para todo el año en esos primeros seis meses. “Pese a la insuficiencia financiera que sufre la Comunitat Valenciana, en los seis meses de gobierno 'consorciado' se logró reconducir la situación: se ha gobernado mejor y con mayor austeridad”, ha aseverado Soler.

“¿Por qué estas evidencias son manipuladas sectariamente por un Gobierno en fase terminal?”, se ha preguntado el conseller, para agregar que las palabras del ministro representan “una afrenta y una tomadura de pelo a la ciudadanía valenciana que votó el 24 de mayo de 2015 justamente para acabar con el despilfarro y la corrupción” de los ejecutivos del PP.

Soler: “La Generalitat no admitirá más recortes a los valencianos”
El responsable de Hacienda también ha enfatizado que la Generalitat no admitirá recorte alguno a los valencianos “por un gobierno en tiempo de descuento” y, al respecto, ha recordado al ministro que la Comunitat ya tiene un gasto por debajo de la media por habitante del conjunto de las autonomías. En concreto, la Generalitat gasta 152 euros per cápita menos que el resto de autonomías. Además, para 2016, los presupuestos autonómicos han supuesto una reducción del 0,2 %. “¿De qué gasto habla el ministro?”, se ha preguntado el conseller, quien ha pedido al titular del ministerio: “No me hable de dinero, sino de los niños que sacaría de las escuelas y de los enfermos que sacaría de los hospitales”. “El problema en la Comunitat no es de gasto sino de ingresos; estamos por debajo de la media en inversión por habitante”, ha reiterado, para lamentar la “insensibilidad social” del ministro al aludir irónicamente a las medidas sociales de los nuevos ejecutivos tras las elecciones de mayo de 2015. “Hemos cambiado las prioridades y demostrado que, sin gastar más, se puede dar un giro social a las políticas”, ha proclamado Soler.

El responsable de Hacienda ha subrayado que, si además se tiene en cuenta la infrafinanciación valenciana (cifrada en 1.325 millones), el 80 % del déficit registrado por la Generalitat en 2015 tuvo su origen, por un lado, en decisiones o agujeros generados por el anterior Consell y, por otro, en la marginación de la Comunitat en el resparto de los recursos, una cuestión que prometió abordar el Gobierno central y que no ha cumplido. Por eso, para Soler la intervención del ministro Montoro “constituye una tomadura de pelo para los cinco millones de valencianos”. Tan es así que, sin infrafinanciación y sin 'mochila' de gastos imprevistos del Consell del PP, la Generalitat habría cumplido con el objetivo de estabilidad.

El titular de Hacienda ha insistido en que el déficit del 1,81 % en 2015 sin incluir el impacto de las medidas no recurrentes o gastos aflorados en el ejercicio pasado contrasta con el desfase de 2011 del 4,95 % del PIB; en 2012, del 3,84 %; en 2013, del 2,17 %; y en 2014, del 2,49 %. En consecuencia, y pese al cambio de prioridades sociales a partir de junio de 2015 y la incorporación de medidas como la supresión del copago farmacéutico y en residencias, la sanidad universal o el reconocimiento de ayudas a la vivienda, el déficit se mantuvo en el segundo semestre y la Generalitat está en la senda de la estabilidad presupuestaria “gracias a la mejora en la gestión”.

Los intereses por el retraso en pagar el IRPF de los funcionarios
Sobre las medidas no recurrentes derivadas de actuaciones del anterior Consell y con impacto específico en el ejercicio de 2015, la Intervención General de la Generalitat ha elevado informe a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, además de a la IGAE, a la Airef y al ministerio. Estas operaciones, que se produjeron con carácter singular y extraordinario en 2015 y que muchas de ellas no se trasladarán a 2016, incluyen la provisión de 200 millones procedentes del aval otorgado en 2013 por la Generalitat a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, en el marco del proceso de reestructuración de esta entidad. Ese pasivo no había sido aflorado como déficit todavía. Su cómputo fue una exigencia de la IGAE al actual Ejecutivo para evitar la sectorización de la sociedad, una circunstancia que habría dificultado sobremanera el desarrollo de las operaciones corrientes de la SGR.

Junto a ello, destaca también la devolución a los funcionarios, incluido el sector público y universidades, del 50 % de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 que el Gobierno central suprimió a los empleados públicos. Una decisión que el Ejecutivo central no ha compensado a las comunidades autónomas y que incrementará el gasto en términos de contabilidad nacional en 150 millones. Asimismo, por volumen, figura el coste de los nuevos tratamientos antivirales contra la hepatitis C, con un impacto no previsto en el estado de gastos que asciende a los 141,32 millones.

Otra de las imputaciones con repercusión en el déficit del ejercicio pasado es el afloramiento de los intereses de demora no declarados por el anterior Consell y que son consecuencia de los retrasos en el abono de las deudas a los proveedores y otros acreedores de la Generalitat. En 2014, las conselleries solo reconocieron un gasto de 9,10 millones; sin embargo; luego la Sindicatura certificó 157 millones. Para el ejercicio de 2015, la Intervención ha constatado la existencia de 94,11 millones comunicados por las conselleries (de los que 86 corresponden a Sanidad), lo que implica un aumento de 85,01 millones.

Le siguen en relevancia, dentro del apartado de gastos no recurrentes, los 52,44 millones en concepto de intereses que el Ministerio de Hacienda (a instancias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria) se cobró directamente del Consell y que corresponden a los intereses devengados por los impagos del anterior Consell de las retenciones por IRPF de los funcionarios. En concreto, estos 52,44 millones están vinculados a la deuda de 700 millones por retenciones de IRPF que el Gobierno central se cobró en marzo de 2015 y que se remontaban a varios ejercicios.

Otra de las medidas se refiere a las ayudas a la vivienda sobre las que el anterior Ejecutivo reguló pero que luego se negó a reconocer. En concreto, se refiere a las personas que cumplimentaron el llamado modelo 501. El anterior Consell dictó unas resoluciones por las que reconocía a los solicitantes el derecho a recibir ayudas para la vivienda en caso de disponibilidad presupuestaria. La iniciativa daba a entender que eran beneficiarios de las subvenciones; sin embargo, luego se les negó. Los tribunales comenzaron a dar la razón a los afectados. El actual Consell reconoció en julio el derecho a las ayudas, lo que supone un impacto de 40,14 millones. Paralelamente, la Intervención ha estimado en 27,08 millones el importe de las ayudas de la Dependencia reconocidas pero no imputadas a presupuesto, frente a los únicamente 7,34 millones declarados en 2014, muy por debajo de las cifras reales, lo que implica un incremento de 19,74 millones. No obstante, este desembolso podría acabar cargando el déficit de 2016.

La multa de la UE y el silencio sobre la financiación

Finalmente, elevarán también las cifras del desfase entre los ingresos y los gastos los 18,93 millones de la multa impuesta por la Unión Europea a España a raíz de la ocultación de facturas en los cajones de Sanidad entre enero y abril de 2012 por parte del anterior Consell, lo que provocó la apertura de una investigación. Europa acreditó que durante años los exresponsables del Gobierno valenciano manipularon las cifras de déficit, una práctica ante la que el Ejecutivo central no podía alegar desconocimiento a principios de 2012, toda vez que se había acreditado en los informes de la Sindicatura de Comptes, publicados en un diario oficial de España como es el Boletín Oficial de las Corts Valencianes.

Casi todos los desembolsos imprevistos a los que ha tenido que hacer frente el Consell no estaban aplicados a presupuesto, salvo el 50 % de la paga extra de los funcionarios, los 52,44 millones de intereses por los impagos del IRPF y parte de los tratamientos contra la hepatitis C. El resto, unos 400 millones, no lo estaba.

El conseller también ha lamentado el “clamoroso silencio” del ministro cuando, en la comparecencia pública, ha sido interpelado sobre si las causas del déficit en comunidades como la valenciana obedecen a la infrafinanciación. “No ha dicho ni una palabra al respecto, ha eludido la respuesta. No esperábamos menos de un gobierno que está saliendo por la puerta de atrás y que ha incumplido en la legislatura su promesa de cambiar el sistema que perjudica a la Comunitat y que está caducado desde 2014”.

Por otra parte, en el resultado de 2015 es significativo, en el apartado de ingresos, la no materialización del adelanto del Fondo de Competitividad que se cobrará en 2017, por importe de 1.057 millones, y que el anterior Ejecutivo incluyó como una previsión de derechos para el ejercicio pasado. Esa previsión fue admitida en su día en el Plan de Ajuste por el Gobierno central sin poner objeciones. Asimismo, el anterior Consell computó por venta de edificios y parcelas 341 millones que no llegaron a realizarse, además de 201 millones por la compensación del impuesto sobre los depósitos bancarios. Igualmente, en matriculaciones e hidrocarburos, tasas y precios públicos, y tasas del juego, se incluyeron ingresos no realizados por 265 millones, junto a otros 101 millones en fondos europeos que no llegaron a materializarse. Por eso el conseller ha inquirido al ministro sobre si, “en lugar de la reivindicación transparente de 1.325 millones por la mejora de la financiación que el actual Consell ha presupuestado para 2016, prefiere autoengañarse admitiendo, como hizo el anterior Ejecutivo del PP, ingresos que sabía con toda seguridad que no se iban a producir”.