Podemos lamenta que el Consell haya tardado cinco meses en cumplir la resolución para la retirada de placas de corruptos
La portavoz adjunta del grupo parlamentario Podemos-Podem, Fabiola Meco, ha lamentado hoy que el Gobierno valenciano haya tardado más de cinco meses en dar cumplimiento a la resolución 36/IX para la retirada de placas en las que figuran políticos condenados por corrupción aprobada por unanimidad el pasado 15 de octubre por Les Corts a propuesta de Podemos, aunque valora que el Consell elaborara en plazo, como instaba la propuesta, una declaración formal y pública de reprobación.
La iniciativa para la retirada de placas conmemorativas o menciones honoríficas situadas en edificios de la Generalitat con el nombre de cargos públicos condenados en sentencia firme por corrupción o delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, y por delitos contra la administración pública, preveía que las placas fueran retiradas en un plazo máximo de dos meses, y ha indicado que el pasado 4 de febrero reclamó la comparecencia en las Corts Valencianes del conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, para que explique como el Consell está dando cumplimiento a esta resolución y que aún no ha sido sustanciada.
La propuesta, que fue presentada por Podemos y respaldada por todos los grupos de Les Corts Valencianes, reclamaba también al Consell que retirara toda distinción o elemento de homenaje concedido con motivo de un cargo que esté en espacios públicos dependientes de la Generalitat.
Finalmente, instaba al Consell a elaborar una declaración formal y pública de reprobación y repulsa a todos los políticos de la Comunitat condenados por corrupción, petición que recogió el pleno del Gobierno Valenciano el pasado mes de diciembre y que se adaptó como declaración institucional que se leyó ante el pleno de Les Corts.
Para Podemos, la lucha contra la corrupción es un pilar básico de regeneración política de este país y particularmente de esta Comunitat, recogido en el Acord del Botànic. Según Meco, diputada que elaboró esta propuesta que finalmente fue aprobada por la unanimidad de la Cámara, “la corrupción atenta contra la democracia y vulnera el estado del bienestar porque vacía las arcas públicas en bolsillos privados e impide que los derechos sociales estén garantizados”.
A su juicio, hacer visible medidas de repulsa y condena por parte de las instituciones contra la corrupción favorece la consolidación de valores cívicos que redundan en el fortalecimiento de la democracia.
Asimismo, se ha mostrado convencida de que la actual retirada de placas que hasta ahora han rendido honores a políticos corruptos, algunos de ellos, como el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra o el exconseller de Cooperación, Rafael Blasco, en prisión, será un magnífico síntoma de regeneración política.
