Bravo: 'La Justicia y la administración de la Generalitat deben ser motor del progreso económico'
El sistema judicial valenciano y la administración de la Generalitat deben convertirse en motores del cambio de económico que impulsa el Consell para alcanzar los objetivos del Pacto del Botánico. Así lo ha expuesto la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, durante su intervención en la Tribuna Mediterránea de Nueva Economía Fórum.
La consellera Bravo ha recordado la situación de crisis económica, política, social y de valores, en definitiva, la crisis del sistema democrático que atraviesa la Comunitat Valenciana, y cuyas consecuencias han sufrido con especial dureza los ciudadanos. "Por eso este Consell, que está decidido a rescatar a la Comunitat Valenciana del trance que atraviesa, quiere primero rescatar a las personas, porque el rescate de los ciudadanos es el único instrumento que nos permitirá rescatar a la comunidad", añadió.
En la persecución de ese objetivo la justicia juega un papel vital porque es un servicio público imprescindible para el progreso económico, para construir una comunidad basada en un modelo productivo dinámico, competitivo y sostenible que despierte confianza, que pueda competir en los complejos mercados internacionales y que goce de un adecuado desarrollo social y económico.
"Economía y sistema judicial comparten muchas zonas de intersección porque, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, los procesos de toma de decisiones empresariales tienen en cuenta valores y parámetros relacionados con el funcionamiento de la administración de justicia. La credibilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica son susceptibles de generar mayor estabilidad institucional, factor necesario para la eficiencia de la actividad económica", ha explicado Bravo.
En este punto, la consellera ha hecho un breve relato de todas las medidas adoptadas en la actual legislatura para potenciar la labor de los juzgados, tribunales y fiscalías valencianos: el plan de mejora de las infraestructuras, solicitud al ministerio de Justicia para la creación de diez nuevos juzgados, revisión de los métodos de trabajo y organización de las plantillas de la oficina judicial y renovación acelerada del parque informático, entre otros.
Junto a la mejora de los recursos materiales y humanos puestos a disposición de la administración de justicia, la conselleria aborda ya iniciativas para mejorar el acceso del ciudadano a juzgados y tribunales, como por ejemplo la reforma del sistema de justicia gratuita o la puesta en marcha de una red pública de asistencia a las víctimas del delito.
"Si los litigios no se resuelven en un plazo razonable, la justicia se convierte en un obstáculo para el flujo económico. La lentitud de la justicia provoca la percepción de que no es eficaz y esa es una mala tarjeta de presentación ante los inversores. Ofrecer una imagen de país riguroso y avanzado requiere de una renovada administración de justicia", ha defendido Bravo.
Administración eficiente
En cuanto a la administración de la Generalitat, la consellera ha recordado que se ha empezado por una radical renovación de los criterios de gestión, "porque el buen gobierno de la administración es un factor crítico para afrontar la desconfianza hacia su funcionamiento que evidencia hoy la sociedad. La política de meros ajustes sin visión global derivada de la dura crisis económica nos ha dejado una estructura reducida a la mera subsistencia por los recortes". "Además, un entorno de conductas corruptas que siguen aflorando -ha proseguido la consellera-, así como las redes clientelares creadas, demuestran la necesidad de abordar estrategias valientes de reforma que vuelvan a relegitimar lo público ante la ciudadanía".
También en este punto, Bravo ha realizado un detallado relato de los planes de su departamento: la reforma integral de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana; medidas para paliar la provisionalidad y temporalidad de las plantillas; o la revisión de los criterios de selección de personal y provisión de puestos de trabajo, entre otros. "Todo ello buscando siempre el acuerdo y la concertación con los agentes sociales", ha aseverado Bravo.
La consellera no ha olvidado destacar los tres encargos recibidos del president Ximo Puig para acelerar el proceso de evolución de la administración pública valenciana: la elaboración de un plan estratégico de recursos humanos para definir los efectivos mínimos para la prestación eficaz de los servicios públicos, así como asegurar la optimización de su movilidad y flujo; la necesidad de desburocratizar y hacer más ágiles y accesibles los trámites administrativos que encauzan las relaciones del ciudadano con la administración pública; y por último, la simplificación y racionalización de los procesos burocráticos que en la actualidad entorpecen la gestión de las empresas y otros agentes económicos.
"En definitiva, vamos a convertir la administración pública en un factor de impulso y dinamización de la economía valenciana, no en una rémora y un impedimento como hasta ahora. Y queremos hacerlo con fiel respeto a cuatro principios que están en el código genético de este Consell: el diálogo, la participación, la transparencia y el consenso", ha concluido la consellera Bravo.
