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Igualdad paraliza los ingresos en las plazas residenciales anuladas por la sentencia que considera nula la exclusividad

    La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha remitido una orden a las Direcciones Territoriales para que eviten iniciar nuevos expedientes de ingreso de usuarios en las plazas que integraban el segundo tercio de accesibilidad social, y que se ven afectadas por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que considera que su adjudicación fue contraria a derecho.

    La instrucción se ha emitido después de que el TSJCV considerara que la exclusividad de las plazas concertadas en el marco del Programa de Accesibilidad Social sólo era aplicable para el primer tercio de las 9.000 plazas creadas, rechazando así que ésta fuera ampliable al segundo tercio, tal y como se afirmaba en la resolución que el tribunal considera contraria a derecho.
    El Tribunal entiende que cuando el pliego de condiciones habla de "exclusividad en las nuevas plazas se está refiriendo a un tercio de las plazas que se crean, es decir, las 3.000 de un total de 9.000" y apunta que no comparte la resolución interpretativa, que lo amplía a los dos tercios restantes.

    Desde la Conselleria se pide a las Direcciones Territoriales, como responsables del proceso de formalización de ingresos en los centros, que no inicien ningún nuevo expediente de ingreso en las citadas plazas "con la finalidad de evitar incurrir en cualquier situación que pudiera afectar a los futuros usuarios de las citadas plazas".

    En este sentido, se les informa de que una vez que se finalice el ingreso de los usuarios con expediente en trámite, "dichas plazas quedarán fuera de la Red de Centros Públicos y Concertados conforme las mismas vayan quedando vacantes".

    Respecto a los usuarios que ya están ingresados en plazas integrantes de este segundo tercio, "con la finalidad de evitar cualquier situación que pueda perjudicar a los mismos, éstos continuarán en los centros, sin perjuicio de que se inicien los trámites administrativos correspondientes para regularizar la situación contractual de los mismos".

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