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Compromís toma medidas en Europa por la implicación de Arias Cañete en Acuamed

Compromís toma medidas en Europa por la implicación de Arias Cañete en Acuamed

    El Eurodiputado de Compromís - Primavera Europea, Jordi Sebastià ha registrado con carácter prioritario, tres preguntas en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo con el objetivo de que sea investigado el ahora Eurodiputado y ex ministro Miguel Arias Cañete, presuntamente implicado en la causa de Acuamed, por lo presuntos sobrecostes en la construcción de la desaladora de Almazora, tal y como han destapado en las últimas horas.

    A través de la pregunta parlamentaria, la coalición pide que se aclare lo siguiente:

    • ¿Qué medidas tomará la CE si se confirma la implicación de Miguel Aria Cañete en esta causa?
    • Dado que el comisario está envuelto en otro posible conflicto de interés, ¿piensa la CE requerir su comparecencia ante el PE?
    • En la medida que Acuamed ha recibido fondos europeos, ¿cree la CE que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude debe iniciar una investigación?

    “Una vez más asistimos a un escándalo de sobrecostes y dinero por debajo de la mesa en el Partido Popular y en la persona de Arias Cañete. En este caso por su mediación en el proyecto, del que era conocedor, para que la Comisión Europea diera su visto bueno. Por ello hemos solicitado que desde Bruselas se abra una investigación para que si se demuestra su implicación, tenga que pagar por ello”, explica el eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià.

    De hecho, la Comisión Europea ya ha pedido explicaciones al Gobierno estatal por la investigación abierta por la Audiencia Nacional contra la empresa pública Acuamed, además de haber bloqueado las subvenciones a sus proyectos. Acuamed es beneficiario de fondos europeos y ha sido apoyado tanto por el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (Feder) y por el Fondo de Cohesión para llevar a cabo trabajos en el ámbito del agua en la cuenca de mar Mediterráneo para el periodo 2007-2013, por lo que podría existir la posibilidad de abrir una investigación por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

     

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