Justicia decide aplicar los nuevos baremos del turno de oficio con efecto retroactivo desde el 1 de octubre
La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha anunciado en el Pleno de Les Corts que los nuevos baremos de retribución a los abogados del turno de oficio se aplicarán con efecto retroactivo al pasado 1 de octubre, de manera que el incremento acordado con los decanos de los colegios de abogados de la Comunitat Valenciana sean efectivos ya en el último trimestre del año.
El presupuesto de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas para 2016, pendiente del trámite parlamentario en Les Corts, prevé un aumento de 4,6 millones de euros para sufragar el coste de la Justicia gratuita en la Comunitat Valenciana, por lo que crecerá hasta los 24,6 millones de euros. El pasado 9 de noviembre, la consellera Bravo y la directora general Ángels García Vidal se reunieron con los decanos de los colegios de abogados de la Comunitat Valenciana, con quienes acordaron el reparto de ese incremento entre los distintos conceptos que remuneran la actuación de los letrados de turno de oficio, que de este modo recuperan el poder adquisitivo de 2012.
Los fondos para aplicar el aumento del baremo en el último trimestre de 2015 proceden del convenio firmado con el Ministerio de Justicia en septiembre pasado, en virtud del cual ese departamento transfirió a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades públicas una partida de 859.000 euros que debían ser destinados a la mejora o bien de la dotación informática de la administración judicial o del servicio de justicia gratuita.
La consellera Gabriela Bravo ha informado a Les Corts que, para respetar de manera escrupulosa los objetivos fijados en el citado convenio, 205.000 euros se han destinado a la mejora del parque tecnológico de la Justicia valenciana. Esa cantidad ha permitido asignar un ordenador portátil a cada uno de los integrantes de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, dotar a este organismo de sistemas avanzados de digitalización de documentos y mejorar el sistema Arconte que permite la celebración de videoconferencias.
El resto de la partida transferida irá íntegra a la justicia gratuita y permitirá aplicar los nuevos baremos con efecto retroactivo desde el pasado 1 de octubre. "Es un gesto que trata de compensar el maltrato al que se han visto sometidos los abogados del turno de oficio en la pasada legislatura, a pesar de lo cual han mantenido su esfuerzo y compromiso en defensa de los derechos de los ciudadanos más vulnerables de la Comunitat Valenciana", explicó al consellera en Les Corts.
Los nuevos baremos aumentan las partidas más habituales, como son las asistencias en guardias, juicios rápidos y procedimientos abreviados en materia penal y los procedimientos de familia en materia civil, que fueron los que sufrieron los recortes más importantes en 2012.
Ya en 2016, la conselleria abrirá una nueva ronda de contactos y negociaciones con los decanos de los abogados de la Comunitat Valenciana para modificar el decreto de asistencia jurídica gratuita con la finalidad de adaptarlo a las modificaciones legislativas que se han producido en el último año e incluir nuevas actuaciones no recogidas hasta la fecha, como los delitos leves que sustituyen a las desaparecidas faltas o la posibilidad de crear un mecanismo de asistencia jurídica especializada para personas que sufreen algún tipo de discapacidad o que cumplen condenas de privación de libertad.
El aumento presupuestario fijado para 2016 y ahora aplicado con efecto retroactivo compensa los injustificados y duros recortes acometidos por la anterior administración en el año 2012, que situaron los módulos de retribución de los letrados de oficio de la Comunitat Valenciana en el último lugar, y a distancia, del resto de las comunidades autónomas con idénticas competencias.
Se recuperan así baremos que fueron fijados en 2005, hace ahora una década. El objetivo de la consellera Bravo es, a lo largo de la legislatura, fijar una remuneración digna para la asistencia jurídica de aquellos ciudadanos más vulnerables, aquellos que no disponen de recursos para pagarse una defensa legal privada.
