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Ciudadanos propone reparar las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria

Ciudadanos propone reparar las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria

    La portavoz de Ciudadanos (C’s) en les Corts, Carolina Punset, ha presentado esta mañana una proposición no de ley (PNL*) con el objetivo de evitar la especulación urbanística y reparar las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria. “La repercusión del boom de la construcción todavía se hace sentir en la Comunidad Valenciana, que en estos momentos tiene una inmensa bolsa de suelo declarado urbanizable y no edificado, más de 50.000 hectáreas que suponen el doble del suelo urbano existente en actualidad”, ha afirmado la síndica, quien ha recalcado que “las consecuencias de esta especulación han sido y son la degradación ambiental con el consiguiente abandono de cultivos y suelo rústico, perjuicio de la actividad agraria y propagación de plagas, entre otras”.

    La líder de C’s se ha preguntado si “queremos que en el futuro se edifique más del doble de lo que hay en la actualidad”, si es compatible “ese modelo urbanístico con la conservación del paisaje que reclama un turismo de calidad, teniendo en cuenta que en 2010 una cuarta parte del stock de viviendas eran de la Comunidad Valencia” y si “necesitamos que se construya en las próximas décadas casi dos millones de viviendas más”. En ese sentido, según ha recalcado, “eso es lo que pasará, si no se toman medidas para revisar los planes urbanísticos de todos los municipios y adecuarlos a las nuevas circunstancias que exigen edificar no conforme a criterios especulativos, sino conforme a una demanda real”.

    Por último, Punset ha solicitado que “el Consell inste a los ayuntamientos a que revisen sus planes urbanísticos para revertir a su estado natural y que el Consell sea estricto a la hora de limitar el número de casas y hectáreas con posibilidades de recalificar”. Además, ha abogado por la creación de un registro de agentes urbanizadores “para impedir que sigan especulando aquellos promotores con nuevos planes parciales, cuando los que tuvieran no hubieran sido ni edificados ni urbanizados en más de 10 años”. De esta manera, ha recalcado la portavoz, “se trata de evitar que unos pocos saquen beneficio de un recurso natural como es el suelo, limitado y no renovable, que debería de estar al servicio de todos”.

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