La Comunitat estudia acuerdos con Iberoamérica para la implantación de sistemas de arbitraje en estos países
Las Juntas Arbitrales son un medio eficaz para resolver las reclamaciones presentadas por los consumidores
Un total de 24.171 empresas están adheridas al Sistema Arbitral de Consumo en la Comunitat
La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, ha destacado esta mañana en la inauguración del I Seminario Iberoamericano de Arbitraje de Consumo que “la Comunitat Valenciana estudia acuerdos con Iberoamérica para la implantación de sistemas de arbitraje en Panamá y México”.
La directora general ha destacado que el Sistema de Arbitraje de Consumo es un mecanismo idóneo de resolución de conflictos entre consumidores y empresarios. Por ello, Ordiñaga ha invitado a los presentes a “aprovechar nuestra experiencia de la forma más óptima posible, del arbitraje de consumo en general y del arbitraje de consumo turístico en particular”.
“En algunos países de Iberoamérica, como Argentina, ya se ha implantado un Arbitraje de Consumo similar al modelo español; mientras que en otros, como Panamá, también se han establecido las bases normativas para un futuro desarrollo de un Sistema Arbitral de Consumo”, ha subrayado.
Para Silvia Ordiñaga estas acciones tienen como objetivo a medio plazo que “tanto los consumidores turísticos valencianos que visiten Panamá y otros países de la región, así como las empresas valencianas que operen allí, puedan disponer de un sistema alternativo a la vía judicial que garantice sus derechos”.
Funcionamiento de las Juntas Arbitrales
Las Juntas Arbitrales son un medio eficaz para resolver de manera satisfactoria los conflictos surgidos entre los consumidores y los empresarios. Los datos reflejan la confianza tanto de los usuarios como de los vendedores en el buen funcionamiento de este sistema. Sólo durante el ejercicio 2008 se plantearon 6.752 solicitudes de arbitraje. Asimismo, hay que destacar que un total de 24.171 empresas están adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.
La Junta Arbitral de Consumo es un organismo que funciona como vía alternativa a los tribunales ordinarios y que resuelve los conflictos derivados del consumo en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la designación de los árbitros. Las resoluciones de este organismo tienen carácter vinculante y ejecutivo para las partes.
