Podemos reclama la retirada de las placas de edificios públicos de cargos condenados por corrupción
El grupo parlamentario Podemos-Podem ha presentado en Les Corts Valencianes una propuesta de resolución instando al Consell a que retire con carácter inmediato las placas conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas situadas en edificios que dependen de la Generalitat o que han sido financiados con fondos del Consell, en las que figure el nombre de personas que hayan ostentado cargos públicos que hayan sido condenados por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social o delitos contra la administración.
Asimismo, este grupo parlamentario solicita la supresión de toda distinción o elemento de homenaje y de consideración pública a estos gestores que haya sido concedido por motivo de un cargo.
Paralelamente, proponen que el Consell en pleno apruebe una declaración formal y pública de reprobación y repulsa a los políticos de la Comunitat Valenciana que hayan resultado o resulten condenados por corrupción.
La autora de la propuesta, la portavoz adjunta Fabiola Meco, ha manifestado que la corrupción es una lacra que tiene serias consecuencias en el ámbito social, político, moral y económico. En la esfera política, afirma, “implica el mal uso del poder público, para conseguir una ventaja ilegal e ilegítima que reporta beneficios al autor o a terceros”.
A su juicio, la corrupción política socava los fundamentos mismos del estado de derecho, y en la Comunitat Valenciana “no es nada ajeno a nuestra realidad política autonómica, ya que es un hecho contrastado que algunos representantes públicos se han servido de su posición y cargo para conseguir prebendas que han redundado en en un severo perjuicio de la ciudadanía, que ha visto esfumarse sin justificación fondos públicos”. Por ello, recuerda Meco, se impuso “una dinámica de recortes y austeridad cuando se tenía que haber apostado por políticas de racionalización de recursos”.
Causas judiciales abiertas
Según Meco, “estas prácticas delictivas impropias de todo representante de la ciudadanía en la gestión de asuntos públicos han supuesto en los tribunales algunas condenas firmes a políticos que ostentaban cargos públicos en la administración valenciana” y por desgracia, añade, “continua siendo una cuestión activa ya que muchas causas judiciales se encuentras abiertas” en la que se encuentran imputados diversos políticos y políticas que han ostentado responsabilidades públicas, así como directivos y directivas de empresas vinculadas a la administración.
La portavoz adjunta ha destacado que es indiscutible el descrédito de la política por culpa de la corrupción, y la lejanía que provoca la falta de respuesta por parte de la clase política ante ella, por lo que considera necesario, para regenerar la vida pública, “tener una actitud firme y decidida de condena y reprobación institucional de todos los casos de corrupción política, para fortalecer la autoridad de nuestras instituciones valencianas dentro y fuera de nuestras fronteras”.
Asimismo, Meco estima que “la transparencia, la responsabilidad en el ejercicio del cargo público y el buen gobierno son la respuesta activa ante esas conductas delictivas presentes en la actualidad en el ámbito político” y es desde esos postulados “y desde la exigencia ética que ha de presidir la actuación de los poderes públicos desde donde la ciudadanía pide a las instituciones la promoción de una cultura que rechace y condene de manera contundente toda manifestación de corrupción, sea cual sea su grado, en el ámbito de la gestión de lo público”.
Según la iniciativa parlamentaria, estas acciones deberán llevarse a cabo en el plazo máximo de dos meses desde su aprobación.
