María José Salvador se reúne con la AVM3J para elaborar una legislación en materia de seguridad en el transporte
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha mantenido esta tarde una reunión de trabajo con la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio para abordar la Proposición No de Ley aprobada en el pleno de Les Corts Valencianes, ya que, en ésta se recogen cuestiones que son competencia de la conselleria.
A la reunión han asistido representantes de la asociación entre los que estaba la presidenta, Beatriz Garrote, así como el subsecretario de la conselleria, Francesc Signes. De esta manera, se ha acordado trabajar conjuntamente para cumplir los compromisos que se adquirieron en Les Corts y así empezar a elaborar una legislación que regule todos los aspectos relativos a la seguridad de los transportes con competencia autonómica.
En este sentido, Salvador ha señalado que se va a empezar a elaborar un primer borrador tanto de la Ley Ferroviaria como de Ley de Seguridad del Transporte porque, según ha indicado, "después del accidente de metro, la Comunitat tiene que ser un referente en materia de seguridad". Por ello, la consellera ha indicado que el objetivo es que "se cumpla con la normativa comunitaria y que esta Comunitat se convierta en una autonomía ejemplar en materia de seguridad".
Además, ha recordado que ya se está empezando a recopilar toda la documentación sobre el accidente que está disponible en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para ponerla a disposición de la Comisión de Investigación que empezará a trabajar en Les Corts.
Por su parte, la presidenta de la asociación, Beatriz Garrote, ha manifestado su satisfacción por la rapidez en la que se ha empezado a trabajar en este sentido y ha indicado que es necesario desarrollar una ley al respecto para que se dictaminen los niveles que se tienen que cumplir y se garantice que la ley se está aplicando. Además, ha señalado como fundamental que las víctimas se sientan protegidas y amparadas por una legislación que puede medir si se ha cumplido la seguridad o no.
