Los Colegios de Procuradores pierden la paciencia y reclaman recuperar sus percepciones
Los Colegios de Procuradores piden al conseller y al presidente que cumplan con sus palabra y que destinen a la administración de Justicia los fondos comprometidos para mejorar su funcionamiento y el trabajo de los profesionales.
Quien fuera Conseller de Justicia, Jorge Cabré, publicó un decreto motivado en la crisis económica por el cual se reducía de siete a cuatro euros la subvención que reciben los Colegios de Procuradores por la tramitación de cada expediente de justicia gratuita. Hay que indicar que este recorte se aplicó sólo a los Procuradores de la Comunidad Valenciana, mientras que otros actores de la Justicia, como los Colegios de Abogados, no sufrieron ninguna reducción. Los Colegios de Procuradores aceptaron en su día el recorte unilateral, bajo el compromiso de recuperar la cuantía lo antes posible. Sin embargo, y a pesar del compromiso de la Administración, este incremento no se ha producido.
Hay que indicar que los Colegios de Procuradores emplean este dinero en el mantenimiento de los sistemas electrónicos y el personal destinado a la de tramitación de estos expedientes, por lo que, en la actualidad, son las arcas colegiales las que deben afrontar parte del coste de la justicia gratuita.
Además, el Colegio de Procuradores recuerda que el propio President Fabra se comprometió en sede parlamentaria a incrementar en un 10% el presupuesto destinado a Justicia. Este incumplimiento ya fue reclamado por los abogados, y a esta reclamación se suman los Procuradores, que exigen que se aplique el 10% de incremento al baremo correspondiente al turno de oficio, que lleva más de siete años sin revisarse ni actualizarse con el IPC.
La Decana del Colegio de Procuradores de Valencia y Presidenta del Consejo de Colegios de la Comunidad Valenciana está a la espera de una entrevista con el conseller, que confía tenga lugar en los próximos días , aunque teme que la convocatoria de elecciones suponga la parálisis definitiva a la actividad política y administrativa, con lo que se habrían perdido cuatro años para los colectivos profesionales de la Justicia.
Resulta llamativo que en los últimos años, y con la crisis como excusa, se hayan retraído fondos de la administración de justicia –y especialmente de la justicia gratuita-, mientras, por otra parte, se ponía en marcha un sistema de tasas que ha encarecido el acceso a los ciudadanos, pero no se ha visto reflejado en una mejora ni agilización del servicio.
