Rubén Ibáñez: “El Gobierno valenciano eleva la transparencia a derecho público”
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha asegurado hoy que con el Proyecto de Ley de Transparencia “el Gobierno valenciano eleva la transparencia a derecho público”.
Ibáñez, que ha recordado que las enmiendas parciales a esta Ley se debatirán el próximo miércoles en la Comisión de Coordinación, ha explicado que “la Administración valenciana no tendrá la obligación de dar información al ciudadano, porque será éste el que ostentará el derecho a disponer de esa información en cualquier momento”. “Eso es precisamente lo que pretende esta Ley: que toda la información que tiene que ver con la administración de los recursos públicos esté disponible siempre, para que cualquier ciudadano pueda consultarla cuando quiera y como quiera”, ha añadido.
“Con el President Alberto Fabra se dejará de hablar de transparencia para practicarla en todas y cada una de las políticas y decisiones que dependan del Consell”, ha asegurado el portavoz adjunto, que será el encargado de defender esta Ley en la comisión, como ya hizo en el pleno en el que se debatieron las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Rubén Ibáñez ha explicado que esta Ley será aprobada, previsiblemente, en el último pleno de esta legislatura, que se celebrará la última semana de marzo.
El portavoz adjunto de los populares ha destacado otros dos aspectos de la Ley valenciana de la Transparencia “que superan en exigencia y control incluso a la norma estatal”. En concreto, Ibáñez ha explicado que “las entidades que reciban 10.000 euros o más de las administraciones públicas deberán someterse a los criterios que establece nuestra Ley de Transparencia, que tienen como objetivo garantizar el correcto uso de cualquier fondo público”. En el caso de la Ley nacional de Transparencia, esos criterios afectan a las entidades que reciban 100.000 euros o más, “lo que confirma a la ley valenciana como la más exigente y comprometida con la transparencia”.
El segundo de los aspectos que ha destacado también Ibáñez, en la comparativa entre la Ley valenciana y la estatal, es el silencio positivo que se aplicará a cualquier trámite o solicitud que realice el ciudadano y que no sea contestado por la administración en el plazo de un mes. En el caso de la norma estatal no se contempla ese silencio administrativo. Para el portavoz adjunto de los populares “los ciudadanos no tienen que pagar los retrasos de la administración ni la burocracia excesiva”. “Si los procesos administrativos son demasiado largos, habrá que cambiarlos, pero no es justo que los ciudadanos paguen por ello con el bloqueo o el rechazo de sus iniciativas”, ha añadido.
Como conclusión, ha asegurado Ibáñez, “lo que pretendemos con esta Ley es elevar aún más los derechos de los ciudadanos, porque convertimos la transparencia en un derecho para todos los ciudadanos, que los sitúa al mismo nivel que la propia administración en el acceso a cualquier información”.
