Ábalos: "Estamos ante un ataque frontal a la democracia participativa"
El secretario general adjunto del GPS y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, ha destacado hoy la inflexión en los logros conseguidos con la Democracia que supone la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada ayer en el Congreso de los Diputados por el PP en solitario. En opinión de Ábalos “estamos ante un cambio en el modelo de Estado, un ataque frontal a la democracia participativa que a los españoles tanto nos costó conseguir y que ahora el PP ejecuta de un plumazo”.
“Hablar de inseguridad ciudadana a impedir pacíficamente un desahucio, establecerlo como “delito grave” e imponer multas de hasta 30.000€, no es proteger a los ciudadanos, es utilizar la excusa de la seguridad para recortar libertades políticas y civiles”. Con el objetivo de impedir en la medida de lo posible la aplicación de la Ley, el PSOE presentará recurso ante el Tribunal Constitucional y la próxima legislatura los socialistas derogaran la Ley Mordaza para restablecer los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Todos los expedientes incoados en la provincia derivan en sanción económica
En los dos primeros años de la legislatura del PP (2012 y 2013), según datos facilitados por el Congreso de los Diputados, a nivel nacional se han instruido 3.249 expedientes por manifestaciones y se han reclamado 600.000€ en multas. En el caso de la provincia de Valencia en 2012 de los 15 expedientes incoados por los mismos casos, 13 fueron en la provincia de Valencia, y todos ellos fueron objeto de sanción económica, con una cuantía media de alrededor de 250€.
El también secretario general del PSPV en la provincia de Valencia ha querido destacar de entre todas las consecuencias negativas para los derechos constitucionales “el establecimiento de un régimen sancionador de todo aquello que no esté en la órbita del poder establecido por el PP. Es el sueño ideológico de la derecha: represión y multas para impedir que los ciudadanos protesten y que ejerzan sus derechos constitucionales, a modo de la ley franquista de Orden Público de 1959, con el agravante de que las multas son incluso más gravosas que las penas que en su caso se impondrían con la aplicación del Código Penal”.
“La gente tiene que saber, ha dicho Ábalos, que desplegar una pancarta en un edificio público, poner en la calle una mesa petitoria o colocar una pegatina en una farola, son consideradas faltas por la Ley Mordaza del PP, pueden suponerle una multa de entre 100 y 600 € y recurrirla costarle hasta 2.000 € “gracias” al pago de las tasas judiciales. Esta claro que el Gobierno de Rajoy tiene miedo a la ciudadanía, a que expresen públicamente el descontento con un gobierno que prioriza el interés partidista sobre el interés general y utilizan la Ley Mordaza para frenar la representación pública del malestar social por sus brutales recortes sociales”.
