Compromís rechaza el Proyecto de Ley de Salud por tener como objetivo blindar la privatización de los servicios sanitarios
Mónica Oltra: "el dinero de todos los valencianos tienen que ir a la sanidad de todos los valencianos y no a los bolsillos de unos cuantos que quieren hacer de nuestra salud un negocio"
El grupo parlamentario Compromís ha presentado una enmienda a la totalidad y 83 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Salud aprobado por el Consell, que se encuentra en periodo de tramitación parlamentaria. Según ha asegurado la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, "rechazamos este proyecto legislativo del gobierno del PP porque su finalidad no es otra que establecer con rango de ley la privatización de los servicios sanitarios y evidencia que el actual Consell no tiene ningún compromiso con la sanidad pública".
Compromís señala en su enmienda a la totalidad que "este proyecto legislativo plasma la visión de la sanidad como un espacio de negocio y enriquecimiento de algunas empresas, visión rechazada por amplios sectores como son profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, asociaciones de defensa de la sanidad pública y ciudadanos, y visión que ha marcado la política del Consell durante los últimos 19 años con un elevado coste tanto para las arcas públicas como para la calidad del servicio que se presta, a pesar del esfuerzo de profesionales de la salud en superar los múltiples obstáculos que la mala gestión del Consell genera".
Según ha explicado Oltra "con nuestras enmiendas parciales planteamos una redacción alternativa a esta ley apostando por un modelo de sanidad pública de gestión pública, que es la que mejor defiende los intereses colectivos".
"La propuesta del PP -ha añadido la parlamentaria de Compromís- utiliza una ley, en lugar de para defender el interés colectivo, para blindar el negocio de determinadas empresas que hacen más cara nuestra sanidad y empeoran su calidad. Los estudios demuestran que la sanidad privatizada es entre siete y nueve veces más cara que la sanidad de gestión pública, nosotros entendemos que el dinero de todos los valencianos tienen que ir a la sanidad de todos los valencianos y no a los bolsillos de unos cuantos que quieren hacer de nuestra salud un negocio".
Con las enmiendas parciales Compromís cambia el proyecto de ley del Consell para remarcar que la prestación de la asistencia sanitaria sea siempre por medio de la gestión directa de la administración pública.
En sus enmiendas Compromís también incide en otros aspectos como la garantía de no demora en la asistencia sanitaria, concretamente se establece que en los supuestos que sean necesarias pruebas diagnósticas, terapéuticas o el tratamiento quirúrgico y existan demoras, se estudiará el motivo y se pondrán los medios necesarios para corregirlas. Mientras se solucionan los problemas causantes de dichas demoras las pruebas diagnósticas, terapéuticas o el tratamiento quirúrgico necesarios serán realizadas, en todo caso, por los centros hospitalarios sanitarios públicos más cercanos al domicilio de la persona afectada.
En cuanto a los órganos de dirección y gestión de los departamentos de salud Compromís establece que "el consejo de dirección del departamento de salud será un órgano participativo en el que se garantizará la presencia de las diferentes profesiones dentro del personal sanitario, la presencia de hombres y mujeres paritaria y actuará teniendo en consideración la opinión de los sindicatos con presencia en el centro, el personal del centro y el tejido asociativo de pacientes o vecindario del departamento ".
Asimismo las enmiendas de la coalición añaden que "todos los centros sanitarios existentes en la Comunidad Valenciana, tanto públicos como privados, tienen la obligación de tener una historia clínica, única por paciente e institución. Los centros privados tendrán la obligación de facilitar la historia clínica a requerimiento de la administración pública sanitaria en beneficio del o la paciente o por razones de salud pública".
En el artículo dedicado a las funciones de salud pública del proyecto de ley Compromís añade un nuevo punto para que sea una obligación para la administración "realizar los estudios necesarios para detectar problemas de salud público en colectivos sociales específicos con especial atención al género, situaciones sociales, de etnia, de nacionalidad o cualquier circunstancia que pueda ser motivo de discriminación o exclusión".
